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La Junta Nacional de Justicia de Perú abre investigación a la fiscal general

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La Junta Nacional de Justicia de Perú abre investigación a la fiscal general

InformadoRD, LIMA.- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú abrió una investigación a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura, lo que fue calificado como un «acto de amedrentamiento y obstrucción» por la misma fiscal.

«Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal», declaró en un video Benavides, quien también tachó de «ilegal y arbitraria» la decisión de la JNJ.

Este organismo, encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país andino, dispuso abrir una investigación contra Benavides «por sucesos presuntamente irregulares» en los cambios hechos en el equipo especial de la Fiscalía que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como «Los cuellos blancos del Puerto».

«Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula puesto que (…) el equipo especial de cuellos blancos no ha sido desarticulado sino, al contrario, ha sido reforzado», sostuvo la fiscal.

Agregó que esta investigación «constituye la consumación de los ataques» que supuestamente se iniciaron en su contra cuando tomó la decisión «de investigar al poder político» de su país.

Insinuó, en ese sentido, que podría ser la respuesta a «los resultados que va obteniendo el equipo especial de cuellos blancos», a su flamante solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo o a las investigaciones a «altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción».

Benavides concluyó, sin embargo, que «nada de esto» la realizará retroceder en su compromiso de «perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese».

El caso de «Los cuellos blancos del Puerto» investiga una red de favores en la que presuntamente participaron políticos y empresarios para favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.

Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Castillo y los altos funcionarios del actual Gobierno de Dina Boluarte, ha sido acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana, Emma Benavides, en una investigación que afronta por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

A inicios de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Benavides y su familia al considerar que se encuentran en una «situación de gravedad y urgencia».

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