Subsecretario de Asuntos Migratorios alerta sobre presiones para conceder ciudadanía de forma irregular

Santo Domingo.- Juan Manuel Rosario, viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, expresó su preocupación por los esfuerzos de ciertos grupos por otorgar la ciudadanía a extranjeros que no satisfacen los requisitos legales necesarios, lo cual considera un riesgo para la soberanía de la República Dominicana. En un comunicado, hizo hincapié en la importancia de estar alerta ante cualquier intento de inscripción indebida en el registro civil o a través de métodos irregulares.

Rosario señaló que con la excusa de proteger los derechos humanos de personas que han entrado al país ilegalmente, se han promovido políticas que intentan socavar el derecho soberano del pueblo dominicano, el cual está protegido por tratados internacionales que dictan las relaciones entre naciones.

El viceministro insistió en que no se debe obligar al Estado dominicano a asumir obligaciones que no le corresponden, como ofrecer servicios de salud, educación o nacionalidad a individuos que no han cumplido con los requisitos legales. También recalcó que es inaceptable que cualquier funcionario o ciudadano utilice los recursos del Estado en responsabilidades derivadas de la migración irregular, lo cual va en contra de la legislación nacional.

Además, Rosario destacó que los derechos humanos colectivos reconocen el principio de autodeterminación de los pueblos. Remarcó que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enfatiza este derecho, permitiendo a las naciones definir su estado político y promover su desarrollo en distintos ámbitos.

Manifestó su decepción por el aislamiento y las difamaciones contra quienes han defendido la soberanía nacional frente a la presión internacional. Clarificó que la defensa de la nación no acepta términos medios, subrayando que o se protege la patria o se expone a riesgos, sin margen para dudas o manipulaciones.

Rosario también hizo referencia a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dictamina que cada Estado debe garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Planteó la interrogante de si un ciudadano o funcionario dominicano puede, por motivos personales, asignar recursos del Estado para beneficiar a extranjeros.

Respondiendo a esto, el viceministro declaró que nadie tiene el derecho o la potestad de comprometer los activos nacionales. Concluyó que cualquier medida tomada sin el consentimiento del público por individuos o funcionarios se podría considerar como violatoria del derecho internacional, las tradiciones del derecho público americano y la historia de la República Dominicana.

Para finalizar, Rosario instó a la sociedad dominicana a mantenerse firme en defensa de la dignidad y soberanía nacional.

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