El caso de corrupción de Hugo se denominará “Operación Camaleón”

Santo Domingo.- La «Operación Camaleón», impulsada por el Ministerio Público, ataca el caso de corrupción en el que se ven envueltos Hugo Beras, previo dirigente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, dueño de Auriz S.A.S y partícipe en TranscoreLatam, responsables de la gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

En el curso de los allanamientos, se detuvo a siete individuos a los que se les planteará medidas de coerción en breve, acusados de integrar una estructura de corrupción y delito organizado implicada en malversación, estafa al Estado, forjamiento de documentos, connivencia de funcionarios, contrabando, comercio ilegítimo, sabotajes, actos de terrorismo contra infraestructuras esenciales, utilizando tecnología avanzada y usurpación de identidad.

Los detenidos, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, José Ángel Gómez Canaán, también conocido como Jochy, Pedro Vinicio Padovani Báez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Carlos José Peguero Vargas, se hallan en custodia en el Centro de Atención para la Detención Provisional de la Fiscalía del Distrito Nacional.

La Operación, ejecutada durante la noche del 2 de octubre de 2024, abarcó incursiones en domicilios y compañías en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Estas acciones contaron con la participación de cerca de 170 agentes de la Policía Nacional, unidades especializadas y más de 30 fiscales dedicados a la lucha contra el crimen organizado.

Los operativos resultaron en la incautación de numerosas pruebas que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, catalogándolas como “Una de las operaciones más fructíferas en su combate contra el crimen organizado, extendiéndose el análisis de las pruebas en algunos casos por más de 12 horas”.

Dentro de las acusaciones se incluyen un contrato engañoso para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; un acuerdo ilícito con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, datado el 23 de junio de 2020, empleado para suplantar funciones de los entes de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, y un sabotaje a la red de semáforos en agosto.

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