La vicepresidenta de Ecuador podría retomar su cargo tras un fallo judicial favorable

Quito, Ecuador.- El sistema judicial de Ecuador anuló este lunes la suspensión de cinco meses impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, quien había denunciado previamente que un grupo de militares le bloqueó el acceso a su oficina, marcando un capítulo más en su creciente conflicto con el presidente Daniel Noboa.

La juez Nubia Vera ordenó a primera hora del día al Ministerio de Trabajo de Ecuador que revocara la medida de suspensión contra Abad, adoptada bajo la acusación de haber abandonado sus responsabilidades de forma injustificada mientras ocupaba el cargo de embajadora en Israel. Vera destacó que tuvo que enfrentarse a presiones y amenazas para emitir un veredicto desfavorable hacia la vicepresidenta.

Además, el fallo, de ejecución “inmediata”, exige a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que extienda una disculpa pública a Abad y que se le compense con los salarios que no percibió debido a la sanción administrativa.

Este desenlace permitiría que Abad pueda ejercer la vicepresidencia en ausencia de Noboa, quien buscará la reelección en las elecciones del 9 de febrero, conforme a lo que establece la Constitución.

Al conocerse la resolución, Abad intentó acercarse a la Vicepresidencia, encontrándose con que el acceso estaba bloqueado por vallas y puertas cerradas.

A través de su cuenta de X, Abad compartió: “Se ha militarizado la Vicepresidencia de la República para impedir el ingreso de la Vicepresidenta Constitucional de la República”, acompañando su mensaje con fotografías de una formación de militares dentro del edificio.

En frente del edificio y portando una bandera de Ecuador, Abad expresó: “Señor presidente, esto constituye una vergüenza ante la comunidad internacional el impedir que la vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos acceda a su oficina (…) Abra usted esta puerta ahora o estará incurriendo en desacato”.

“Tienen cinco minutos para dejarme entrar”, demandó. Sin embargo, después de esperar aproximadamente 40 minutos sin recibir respuesta, se retiró.

Previamente, Noboa admitió en una entrevista que consideraba un “error” haber seleccionado a Abad como su compañera de fórmula.

– Abad hacia Turquía –

Después del fallo, Noboa canceló el decreto que designaba a Sariha Moya como vicepresidenta encargada y otorgó a Abad una nueva asignación, informó el ministro de Gobierno, José de la Gasca.

Abad fue encomendada con la “única función especial y temporal de colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con el gobierno de la República de Turquía”, explicó De la Gasca en una conferencia de prensa, coincidiendo con el momento en que Abad dejaba el edificio vicepresidencial.

Deberá presentarse en Turquía “a más tardar el 27 de diciembre” y, estando asignada a dicha nación, “no tiene responsabilidades pendientes en la Vicepresidencia”, agregó.

Noboa y Abad, ambos empresarios con limitada experiencia política, emergieron como una sorpresa en las elecciones anticipadas del año pasado. No obstante, han sostenido una relación tensa que se agudizó tras el nombramiento de Abad como embajadora en Israel.

Convertida en una vocal crítica del gobierno, Abad ha denunciado lo que percibe como una “persecución” tras la detención de su hijo por presuntas ilegalidades.

En septiembre, ante un incremento en la tensión en Oriente Medio, Abad fue reubicada en Turquía por motivos de seguridad. El Ministerio de Trabajo justificó su suspensión indicando que, aunque debía establecerse en Ankara para el 1 de septiembre, Abad arribó cinco días más tarde.

– Alegatos de presiones –

Tras ser informada sobre la sanción administrativa en noviembre, Abad argumentó que este acto tenía “el único propósito de evitar que asumiera la Presidencia de la República durante la campaña electoral del presidente”, manifestó.

Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, comunicó a los medios que quedó “totalmente claro que Abad “nunca incurrió en la falta que se le atribuía y que el Ministerio de Trabajo había vulnerado sus propios protocolos (…) violando el principio de presunción de inocencia y cometiendo múltiples irregularidades”.

Al concluir la audiencia, la juez Vera denunció haber sido objeto de presiones por parte de funcionarios judiciales para emitir un fallo adverso a la vicepresidenta.

“Llevo más de diez años sirviendo a la justicia y es la primera vez que me veo coaccionada, amenazada e intimidada”, relató Vera a los periodistas.

Reveló que le entregaron una memoria USB que contenía una sentencia preescrita con el fin de “ceder ante el capricho de negar una acción de protección”.

“Doy a conocer estos hechos pues mi carrera está en riesgo”, señaló la jueza.

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