Edificio del MICM fue valuado en RD$814 millones un mes antes de ser arrendado por RD$1,464

La auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) por el período 2015 -2019, revela que el edificio que actualmente aloja las oficinas de esa entidad fue adquirido en enero de 2017 por RD$650 millones de pesos más que lo que establece una tasación del Banco de Reservas realizada un mes antes del arrendamiento con derecho a compra.

Un informe de la Dirección General de Administración y Control de Riesgos del Banco de Reservas reflejó una tasación realizada el 16 de diciembre de 2016 de RD$840,838,000 pesos, tras una investigación de mercado para evaluar el valor del terreno y estudiar el presupuesto de la obra.

Más adelante, en el mismo informe se cita otra tasación que determina el valor por método de reposición de RD$814,495,488.

Sin embargo, el inmueble fue adquirido por el mismo Banreservas 33 días después por un monto de US$31 millones de dólares, equivalentes a RD$1,464 millones de pesos, calculado al RD$47.25, la tasa de cambio de ese momento.

Posteriormente, el edificio fue arrendado por el MICM con un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2036, firmado entre el MICM, representado por Juan Temístocles Montás, y Banreservas, en representación de Simón Lizardo, exadministrador.

“Se puede cuantificar la diferencia en RD$650,154,512, sin que existiera una sustentación para el monto de RD$1,464,750,000 establecido en el contrato entre el banco y Diseño Integral”, establece la auditoría publicada este lunes.

Asimismo, se verificó un informe de tasación de la Dirección General de Administración y Control de Riesgos, con una tasación de RD$1,468,601,033.90, realizada el 15 de mayo de 2017, cuatro meses después de la primera tasación por RD$814,595,488.88 y tres meses después de la suscripción del contrato.

En respuesta a esos cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas, los exministros Juan Temístocles Montás y Nelson Toca Simó comunicaron que el Banco de Reservas era un acreedor hipotecario del edificio, el cual tenía deudas en atraso, lo que generaba un interés para el banco en definir el destino del inmueble.

Además, se opusieron a los argumentos de la Cámara de Cuentas en relación a una supuesta violación de la Ley 340-06, argumentando que el Banco de Reservas era una entidad autónoma del Estado y con patrimonio propio, por lo que tiene las exclusiones de la Ley 340-06.

No obstante, la Cámara de Cuentas considera que el Banco de Reservas fue utilizado para beneficiar a un tercero y concluyó que el arrendamiento financiero del edificio en cuestión se realizó sin observar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, contraviniendo los principios de equidad, publicidad y eficiencia que deben regir las compras públicas.

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