Pro-Competencia investiga a dos empresas por posible colusión en licitaciones de Comedores Económicos.

Santo Domingo.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha comenzado una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL, y Credi Med, SRL, por supuestas prácticas anticompetitivas en el contexto de tres procesos de licitación pública llevados a cabo por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

La resolución que da inicio a la investigación indica que hay evidencias suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, resaltando similitudes significativas en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los diferentes procesos de compra, así como el uso del mismo notario público, a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias distintas. Este patrón podría indicar una coordinación ilegal entre las empresas participantes para manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos.

“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, implementando estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, señala el documento.

No obstante, la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclaró que la apertura de esta investigación no implica prejuicio ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que es una etapa inicial dentro del proceso legal adecuado, con el objetivo de esclarecer los hechos y recolectar pruebas que confirmen o desmientan la existencia de una infracción.

Notificación y derecho de defensa

Ambas empresas fueron formalmente notificadas sobre la apertura del expediente y disponen de un plazo de 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho de defensa, conforme a la normativa legal vigente. Además, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado, según precisa la Dirección Ejecutiva.

Posible infracción a la ley

Las acciones en investigación podrían constituir una violación al artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la concertación de precios o condiciones, lo cual conlleva sanciones que oscilan entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo, y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario mínimo.

Estas prácticas, de ser comprobadas, afectan directamente la eficiencia del gasto público y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras del Estado, aclara el organismo.

Próximos pasos

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia continuará recabando información, analizando documentación y realizando entrevistas para determinar si existió una conducta anticompetitiva sancionable conforme a la legislación nacional. Este proceso reafirma el compromiso de la institución con la defensa de una competencia leal, en beneficio de la ciudadanía y del uso adecuado de los recursos públicos, concluye.

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