Video | Colombia emite la primera sentencia restaurativa contra exmilitares por delitos de guerra

Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha impuesto este jueves penas restaurativas entre cinco y ocho años a doce exmilitares colombianos por crímenes de guerra y lesa humanidad, siendo considerados responsables de 135 asesinatos en el norte del país entre 2002 y 2005, dentro del contexto del conflicto armado.

“Considerando la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron, todos los comparecientes deben cumplir la sanción máxima de ocho años. Se aplicó un descuento proporcional al tiempo que ya estuvieron privados de libertad en la justicia ordinaria”, indicó la magistrada de la JEP Ana Manuela Ochoa Arias al leer la sentencia.

Esta es la primera sanción impuesta por este tribunal, establecido tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, enfocándose en exmilitares que admitieron su responsabilidad en los denominados ‘falsos positivos’. La sentencia no implica cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.

Las penas

Los condenados, todos exintegrantes del Batallón La Popa, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.

El tribunal les impuso la sanción máxima de ocho años, aunque se aplicaron descuentos a quienes “ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia a través de procesos penales previos en los que cumplieron penas de prisión o estuvieron sujetos a medidas de aseguramiento”, explicó Ochoa.

Los sancionados deberán participar en seis proyectos restaurativos que incluyen la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, y colaboración con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Todos los exmilitares admitieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos de Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo que coincide en su mayoría con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años que trabajaban en el campo o en el sector informal. Su selección se basó en su vulnerabilidad económica, la falta de empleo, la búsqueda de mejores oportunidades, así como su condición de campesinos, indígenas o afrodescendientes, evidenciando factores de discriminación histórica”, declaró la magistrada, quien enumeró los nombres de las víctimas en la audiencia.

Los ‘falsos positivos’

Los ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles reclutados mediante engaños y asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, como parte de una estrategia para inflar las cifras de éxito militar. A cambio, los soldados recibían recompensas, que incluían condecoraciones o permisos.

“Dada la existencia de estos patrones macrocriminales, se puede concluir sin duda que estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino que formaron parte de una práctica sistemática y generalizada, destinada a generar reportes operacionales y a encubrir crímenes internacionales en un contexto de presión institucional por resultados”, subrayó Ochoa.

Esta investigación, denominada Subcaso Costa Caribe, es parte del macrocaso 03 de la JEP, uno de los once procesos abiertos por este tribunal, el cual en 2021 identificó al menos 6.402 personas asesinadas ilegalmente y presentadas como bajas en combate en todo el país entre 2002 y 2008.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que “ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal, encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (…) con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas”.

“Ninguna sociedad debería pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, disculparlo o justificarlo. No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Esos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia”, añadió el presidente de la Jurisdicción.

Ramelli destacó que el tribunal que preside “literalmente ha desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia” y recordó que los sancionados “han tenido que enfrentar a la justicia, a las víctimas, y han afrontado el horror de lo que hicieron, revelando en muchos casos verdades que ni siquiera sus propias familias conocían”.

Esta sentencia contra los doce exmilitares representa la segunda aplicación del modelo de justicia restaurativa en Colombia. La primera se emitió el pasado martes, condenando a penas alternativas de ocho años a siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo líder, Rodrigo Londoño.

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