SIP interpela sobre proyectos legislativos que podrían impactar la prensa en República Dominicana.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupaciones en su informe anual sobre ciertas iniciativas legislativas en la República Dominicana que podrían comprometer la libertad de prensa.

La SIP, que concluye este domingo su 81 Asamblea General en Punta Cana, se refirió al Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, presentado con consenso de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y otras organizaciones, lo que ha generado un debate nacional.

El Poder Ejecutivo llevó ese proyecto al Senado, el cual contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como un ente regulador supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de noticias, enfocado en proteger la privacidad y dignidad de las personas.

No obstante, la iniciativa, elaborada durante dos años por una comisión designada por el presidente Luis Abinader, ha recibido fuertes críticas de sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes que advierten que el Inacom podría extralimitar sus funciones y actuar como un mecanismo de censura gubernamental, según lo señalado por la SIP.

Por otro lado, el Gobierno, los principales medios, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y periodistas reconocidos respaldan la propuesta, argumentando que defiende la libertad de expresión sin censura previa y promueve el respeto a la crítica pública.

En su informe, la organización también denunció un aumento en el hermetismo del Gobierno hacia los periodistas.

Por ejemplo, el acceso al Palacio Nacional, que antes se realizaba con una identificación de prensa verificada, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Los reporteros han denunciado restricciones en la posibilidad de entrevistar a funcionarios y han señalado que el personal de seguridad se ha vuelto más agresivo durante las conferencias.

El Gobierno, a su vez, ha reafirmado su compromiso con la libertad de prensa en foros internacionales y locales, cada vez que surgen denuncias de abusos verbales o físicos contra periodistas, sostuvo la SIP.

La organización también mencionó un caso del ‘Listín Diario’, que en mayo denunció un acto de censura extranjera, luego de que la empresa estadounidense Network Solutions emitió un ultimátum de 48 horas para eliminar una noticia sobre un caso de corrupción, bajo la amenaza de suspender sus servicios digitales.

El medio rechazó la amenaza, rescindió su contrato con la empresa y lo denunció como una violación a la libertad de expresión, subrayando la necesidad de que existan marcos legales que protejan contra la censura indirecta.

Durante este periodo, el senador oficialista Rafael Duluc presentó una iniciativa adicional que penaliza toda expresión que incite al odio, la hostilidad o la discriminación.

“Si bien la intención declarada es loable, la ambigüedad en su redacción genera temor de que pudiera ser utilizada de manera arbitraria para silenciar la crítica y el periodismo de investigación”, indicó la SIP en su informe.

El documento también detalla la decisión del Ministerio de Cultura de emitir una resolución con pautas de conducta para los medios, mientras que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos suspendió por 30 días el programa radial Sin Filtro y al músico Sujeto Oro 24 por utilizar “lenguaje vulgar y expresiones maliciosas”.

Además, la SIP reportó varios incidentes de agresiones y limitaciones al trabajo de la prensa, perpetrados por escoltas de funcionarios públicos.

Un caso notable involucró a los escoltas de la vicepresidenta, Raquel Peña, quien luego se disculpó públicamente por el evento. Otro incidente similar involucró a la seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.

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