Guatemala da inicio al proceso para reemplazar al fiscal general.

Ciudad de Guatemala.- Guatemala dio inicio este martes al proceso para la designación de un nuevo fiscal general en mayo, que sustituirá a la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones por corrupción impuestas por Estados Unidos y Europa. Este cambio es esperado por diversos grupos anticorrupción del país centroamericano.

El procedimiento comenzó oficialmente esta tarde con el acuerdo aprobado por el Congreso para la creación de una comisión de postulación que enviará eventualmente una lista de seis candidatos al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien seleccionará al nuevo fiscal general.

Porras, bajo sanciones desde hace varios años debido a acusaciones en múltiples casos de corrupción, concluirá su segundo mandato al frente de la Fiscalía en mayo, un periodo que comenzó en mayo de 2022, conforme a la legislación del país.

La fiscal general ha tenido una disputa con Arévalo de León desde que él ganó las elecciones en 2023, y según el presidente, ha intentado destituirlo en repetidas ocasiones mediante supuestos “golpes de Estado” a través de persecuciones judiciales.

Según expertos y organizaciones no gubernamentales, la elección de un reemplazo para Porras será crucial en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

La comisión de postulación que designará a los candidatos está integrada, de acuerdo con la normativa guatemalteca, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país.

Arévalo de León, quien ganó las elecciones en 2023 con un enfoque en la lucha contra la corrupción, intentó al inicio de su mandato en 2024 explorar alternativas legales para remover a Porras del cargo, pero posteriormente indicó que no lo haría para respetar la ley vigente, que no le permite dicha acción.

A la actual fiscal general se le acusa, entre otras cuestiones, de intentar alterar los resultados electorales de 2023 y de llevar a cabo persecuciones judiciales contra fiscales anticorrupción y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, quien ha estado en prisión desde 2022 sin cargos comprobados en su contra.

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