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Cerca de 70 alcaldías están embargadas.
A medida que las municipalidades enfrentan embargos que superan los 1.200 millones de lempiras, la organización solicitó el cumplimiento del límite legal que establece un tope del 40% para las retenciones judiciales. Se advirtió que en varios casos las resoluciones permiten el embargo total de las transferencias estatales, lo que deja a los municipios sin recursos, afectando incluso el pago de salarios.
La Amhon detalló que los embargos millonarios están impactando la operatividad de más de una docena de alcaldías y amenazan la continuidad de proyectos esenciales para la ciudadanía. Afirmó que, sin una revisión de los mecanismos existentes ni la adopción de medidas urgentes, el efecto negativo sobre los municipios podría aumentar en los próximos meses, creando mayores dificultades para miles de hondureños que dependen de las alcaldías para servicios básicos. Según datos de la asociación, alrededor de 70 municipios están embargados por diversas demandas, lo que ha causado retrasos o cancelaciones en obras de infraestructura, suspensión de programas sociales y postergaciones en los pagos a empleados municipales.
Las alcaldías hondureñas enfrentan actualmente la retención de fondos que superan los 1.200 millones de lempiras, monto que compromete la viabilidad financiera de más de una docena de municipios. El presidente de la Amhon, Nelson Castellanos, indicó que en al menos 12 alcaldías, los embargos se originan de demandas laborales y procesos administrativos heredados de administraciones anteriores, principalmente por despidos efectuados por alcaldes salientes que han resultado en fallos judiciales adversos a las municipalidades.
El impacto se observa en servicios como el mantenimiento de infraestructura, pago de planillas, recolección de desechos sólidos y ejecución de pequeños proyectos comunitarios. Castellanos subrayó la seriedad de la situación: “Detrás de un alcalde hay un pueblo que sufre las consecuencias de un grado de irresponsabilidad”, haciendo énfasis en que los daños afectan directamente a miles de ciudadanos.
El presidente de la Amhon denunció que, en algunos casos, los embargos han alcanzado el 100% de las transferencias que reciben las municipalidades del Gobierno Central, a pesar de que la normativa actual establece un límite del 40%. Según Castellanos, esta situación deja sin capacidad operacional a las administraciones y pone en riesgo el cumplimiento de funciones básicas.
Las demandas laborales que originan estos embargos generalmente están vinculadas a pasivos heredados de corporaciones municipales anteriores. Muchos alcaldes recién electos asumen sus funciones en medio de procesos judiciales avanzados por decisiones ajenas, lo que complica la planificación y el saneamiento financiero de los gobiernos locales. La Amhon está acompañando actualmente a varios ediles que, al asumir sus cargos, ya enfrentaban juicios iniciados y deudas acumuladas.
Castellanos indicó que el problema central radica en la ejecución de los embargos, no en el cumplimiento de las sentencias o el respeto de los derechos laborales. La asociación pide un análisis integral de los procesos judiciales y la creación de reglas claras que eviten que las nuevas corporaciones municipales enfrenten sanciones derivadas de irregularidades administrativas de sus predecesores. La suspensión de programas sociales y obras de infraestructura tiene un impacto directo en miles de ciudadanos debido a la falta de fondos municipales.
La institución recomienda brindar mayor asesoría legal, implementar controles más estrictos en contrataciones y despidos, y establecer esquemas que prevengan la acumulación de pasivos laborales insostenibles.
La alcaldesa de Ojos de Agua, Xiomara Ulloa, señaló que, además de las retenciones por demandas judiciales, las municipalidades enfrentan deudas por transferencias no recibidas en el último año. “Estamos con una deuda del año pasado relacionada con el presupuesto 2025 y ahora exigimos que se nos cancele lo adeudado para poder dar respuesta a nuestra población”, afirmó Ulloa.
Para las municipalidades pequeñas y rurales, donde la recaudación local es escasa, las transferencias estatales representan la principal fuente de ingresos operativos. Cuando estos fondos son retenidos parcial o totalmente, las alcaldías se ven obligadas a suspender proyectos, atrasar pagos y reducir o interrumpir servicios básicos.
Ante el bloqueo de recursos, municipios de diferentes regiones del país han tenido que suspender proyectos de pavimentación, mejoras en centros comunitarios y obras de mantenimiento en caminos rurales. Asimismo, se han interrumpido programas de apoyo social y, en ciertos casos, empleados municipales han reportado demoras en el cobro de sus salarios.
Mientras tanto, la Amhon reitera su llamado a revisar urgentemente tanto los embargos como los retrasos en las transferencias. La asociación sostiene que es imprescindible cumplir con el tope legal del 40% para evitar una paralización total de los gobiernos locales.
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