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Diputada Lidia Pérez presenta iniciativas para fortalecer la libertad de expresión y abolir las penas de prisión por opiniones | De Último Minuto
Santo Domingo.- La diputada por la provincia Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal con el objetivo de fortalecer las garantías de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica y la denuncia.
La iniciativa, depositada el 10 de junio, propone cambios a los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley 74-25, Orgánica que establece el Código Penal de la República Dominicana. Según la legisladora, la redacción actual de estas disposiciones podría resultar en restricciones indebidas de derechos fundamentales relacionados con la expresión y el debate público.
El proyecto se suma a una propuesta anterior presentada por Pérez el 6 de mayo, denominada Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa, que busca establecer un marco legal integral para proteger estos derechos.
La congresista indicó que ambas iniciativas persiguen un mismo objetivo: evitar que ciudadanos, periodistas o actores políticos puedan ser penalmente sancionados por emitir opiniones, hacer críticas, realizar denuncias o participar en discusiones de interés público.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, expresó la diputada durante la presentación de la propuesta.
Entre las modificaciones propuestas se incluye la eliminación de las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y medidas de reparación proporcional. Además, se establece el criterio de dolo para los casos relacionados con funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, exigiendo demostrar que una información fue difundida con conocimiento de su falsedad o con desprecio manifiesto por la verdad.
La iniciativa también sugiere reformar las disposiciones sobre ultraje contra funcionarios públicos, eliminando la posibilidad de sancionar expresiones, críticas o manifestaciones dirigidas a servidores públicos. Se propone penalizar únicamente amenazas graves, reales y verificables.
Asimismo, el proyecto redefine los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying, estableciendo que deberán existir conductas reiteradas, graves y con daños demostrables para que proceda una sanción. Las opiniones, sátiras, denuncias y expresiones relacionadas con asuntos de interés público quedarían excluidas de estas figuras penales.
Pérez sostuvo que la propuesta mantiene sanciones severas para casos de chantaje, amenazas reales, difamación extorsiva y delitos cometidos mediante redes coordinadas o cuentas falsas, especialmente cuando impliquen violencia, intimidación o vínculos con el crimen organizado.
“Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana y dejemos a las víctimas sin protección y a los ciudadanos sin certeza jurídica”, manifestó.
La legisladora recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han recomendado que los delitos relacionados con la expresión no sean castigados con penas privativas de libertad.
Junto con la propuesta legislativa, la diputada presentó una matriz comparativa que detalla los artículos objeto de modificación, la nueva redacción propuesta y los fundamentos jurídicos de cada cambio. El documento será compartido con legisladores, gremios periodísticos, universidades, juristas y organizaciones de la sociedad civil para su discusión.
La congresista concluyó afirmando que el país necesita un Código Penal firme contra el delito, pero respetuoso de las libertades fundamentales, garantizando protección a las víctimas sin afectar el derecho de los ciudadanos a opinar, denunciar, fiscalizar e informar.
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