Día Internacional de Apoyo a las Víctimas – 26 de junio

De acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el término ‘tortura’ se refiere a cualquier acto que cause intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el objetivo de obtener información o una confesión, castigarla por un acto cometido o del cual se sospecha, intimidarla o coaccionarla, o por razones de discriminación. Esto ocurre cuando los dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público o alguien en función pública, a instigación o con su consentimiento.

No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que resulten únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a ellas. Más de 140 países en el mundo, es decir, dos tercios del planeta, enfrentan el abominable crimen de la tortura. Hombres, mujeres y niños son sometidos a torturas en prisiones, comisarías, cuarteles, calles, hospitales, centros de detención clandestinos, escuelas e incluso en sus hogares.

Entre los numerosos métodos de tortura reportados se incluyen palizas, descargas eléctricas, quemaduras, cortaduras, ahogamientos simulados, amenazas de asesinato contra familiares, privación de alimentos, sueño, medicamentos, mutilación, violación y simulacros de ejecución.

Con la tortura se busca desmantelar a la persona en su totalidad. La dignidad y personalidad de la víctima son despreciadas, erosionando su identidad y vínculos familiares y comunitarios. Por ello, es considerada un crimen en el derecho internacional totalmente prohibido en todos los instrumentos internacionales. Esta prohibición es parte del derecho internacional consuetudinario y es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, independientemente de la ratificación de tratados específicos. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad.

En países como México, la detención arbitraria, los malos tratos y las torturas, así como la vulneración del derecho a un proceso justo, continúan siendo comunes. En Estados Unidos, se han denunciado abusos sistemáticos en el contexto de la “guerra contra el terror”, incluyendo detenciones secretas, desapariciones forzadas y reclusiones arbitrarias prolongadas.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, buscando erradicar este crimen y asegurar la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

La tortura puede causar daños físicos permanentes y secuelas psicológicas, así como enfermedades crónicas como el trastorno por estrés postraumático y la depresión profunda. Las víctimas a menudo reportan cefaleas severas, insomnio, pensamientos suicidas, miedo y desconfianza, lo que dificulta su capacidad para mantener relaciones sociales y funcionar en la sociedad. Por lo tanto, tienen derecho a la reparación según el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, como lo estipula el Comité contra la Tortura en su Observación General N.º 3. Las obligaciones de los Estados son claras y han sido reafirmadas en una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, instando a los Estados a garantizar el acceso adecuado a servicios de rehabilitación sin dilación ni discriminación.

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