Anadive expresa inquietud por la aprobación de la ley de Residuos Sólidos sin consultar a los sectores involucrados.

Redacción.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) expresó su inquietud por la rápida aprobación en el Senado del proyecto de modificación de la Ley 98-25 (anteriormente 225-20) de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin contar con la participación de los actores afectados por esta legislación.

Cesar De los Santos, presidente de la entidad, manifestó que esta decisión se tomó sin el respaldo de un Estudio Técnico-Económico que justifique la misma, en un tema que afecta las operaciones y la competitividad, particularmente de las pequeñas, medianas y MiPymes, lo que compromete su viabilidad y el empleo.

Se enfatizó que, en el primer cuatrimestre de este año, las autoridades habían establecido un “acuerdo verbal” con las asociaciones empresariales para llegar a un consenso y ajustar la ley mencionada.

“Nos unimos a las voces que buscan una ley moderna sobre Residuos sólidos, que reconozca las dificultades de las pequeñas empresas, la equidad fiscal y la visión de futuro del país, sin comprometer las oportunidades de desarrollo nacional”, afirmó.

“Reconocemos que la legislación ahora en manos de la Cámara de Diputados representa una gran oportunidad para elaborar un proyecto equilibrado que refleje el interés nacional y las aspiraciones de las asociaciones y empresas que han presentado objeciones y sugerencias”, precisó el presidente de ANADIVE.

Se hizo evidente, en un entorno plural y democrático, la necesidad de ampliar la consulta, fomentar el diálogo constructivo y la deliberación técnica para alcanzar una normativa más “imparcial, equitativa y justa”, que promueva la formalización y expansión de las pequeñas empresas, evitando su quiebra.

Cesar De los Santos señaló que en el proyecto aprobado, que será revisado nuevamente por la Cámara de Diputados, persisten inequidades que podrían ser corregidas con buena voluntad, por lo que hace las siguientes precisiones:

En relación con las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios que operan con un bajo margen de comercialización (entre 3 y 5%); a pesar de tener un alto volumen de operaciones y ventas, sus ingresos y utilidades reales dependen de las comisiones por venta.

Recordó que la DGII reconoce este hecho para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Como mencionamos anteriormente, el proyecto aprobado padece de un “pecado original”. Según los principios contables, es erróneo gravar los ingresos por venta, ya que las empresas deben restar el costo de las mercancías, obteniendo únicamente utilidades o beneficios brutos.

Por ejemplo, una empresa que vende RD$ 100 millones al año, con un costo de mercancía de RD$ 95 millones, tiene un margen de 5%, es decir, RD$ 5 millones en utilidades brutas. Por lo tanto, es incorrecto gravar el ingreso total por venta, ya que nadie debería pagar por beneficios no recibidos.

Asimismo, se requiere evitar la doble tributación, dado que los vehículos de motor ya aportan entre 1 y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete), además de que las empresas asumen también los costos de recogida de desechos sólidos, aspecto que el proyecto de Ley debe considerar.

Al comparar las “Contribuciones” de la Ley 225-20 (Original) con los valores propuestos en el Proyecto de Modificación (aprobado por los Senadores), se observan cifras excesivas, con incrementos en las categorías entre RD$ 3,000. y RD$ 675,000, lo que eleva los montos porcentuales a pagar en varios aspectos.

Es conocido que todas las empresas del sector automotriz que representamos son grandes contribuyentes con altas tasas impositivas (aduanales y fiscales), que sostienen el aparato estatal, por lo que es esencial evitar cualquier medida que altere sus operaciones y el clima de negocios.

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