Economía
China reanuda la pena de muerte por corrupción.
La justicia china ha impuesto la pena de muerte al exfuncionario Yang Youlin, tras hallarlo culpable de liderar un esquema de corrupción en el que recibió sobornos superiores a 2.210 millones de yuanes (aproximadamente 325 millones de dólares), marcando una de las sentencias más severas en años recientes contra un alto cargo público.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, ubicado en la provincia de Jiangsu, concluyó que Yang se benefició de los diversos puestos que ocupó entre 1993 y 2023, favoreciendo a empresas y particulares mediante contratos de obras, cesión de terrenos, operaciones comerciales y gestión de fondos públicos, a cambio de sustanciales pagos ilegales.
Además de la condena de muerte, el tribunal ordenó la confiscación total de sus bienes, la privación de sus derechos políticos de por vida y la recuperación de los activos adquiridos ilícitamente para ser devueltos al Estado.
La sentencia también lo halló culpable de malversación, abuso de poder, blanqueo de capitales, apropiación indebida de fondos públicos y sobornos.
Los jueces consideraron que el monto de los sobornos fue “especialmente elevado” y que sus acciones causaron pérdidas significativas al Estado y un impacto social considerable, lo que llevó a descartar una reducción de la pena a pesar de que el exfuncionario colaboró con las autoridades proporcionando información sobre otros delitos.
En China, aunque es común que las penas de muerte por corrupción sean suspendidas por dos años, lo que usualmente resulta en cadena perpetua si el condenado se comporta adecuadamente, las ejecuciones sin suspensión son inusuales y se reservan para casos de extrema gravedad.
Esta decisión se produce en el contexto de la campaña anticorrupción promovida por el presidente Xi Jinping desde 2012, estrategia que ha resultado en la investigación y condena de miles de funcionarios y directivos de empresas estatales en todo el país.
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