Gobierno de Trump adquiere 2 de los principales centros de detención de inmigrantes en California.

Los Ángeles.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California en una operación valorada en 1.500 millones de dólares, parte del plan del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de indocumentados.

El Gobierno estadounidense compró el Centro de Detención de Otay Mesa, situado en la frontera entre California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, vecino de Los Ángeles.

Ambos centros eran propiedad de la compañía carcelaria CoreCivic.

La Administración de Trump pagó 739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, con capacidad para 1.994 personas, y 732,6 millones de dólares por el centro de California City, que se inauguró recientemente y tiene capacidad para 2.560 personas, según documentos legales de la venta, realizada el pasado 2 de julio, citados por CalMatters.

En un comunicado, la compañía indicó que “espera continuar gestionando” las operaciones diarias de ambos centros bajo los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La compra de los centros se anunció tras la reciente aprobación del Congreso de EE.UU. de un proyecto republicano de 70.000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump.

Los centros de detención migratoria bajo el Gobierno Trump han estado bajo escrutinio público tras denuncias de negligencia y el aumento de muertes de extranjeros bajo custodia de ICE.

En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos.

Esta semana se informó que al menos quince de los 45 centros de detención de ICE, que albergan a 500 o más personas, no han sido inspeccionados en el último año, a pesar de las denuncias de irregularidades por parte de grupos humanitarios, según un análisis de CBS.

La investigación también reveló que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección.

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