La ONU alertó sobre una “purga” de abogados en Nicaragua.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por Naciones Unidas, ha denunciado una nueva ofensiva contra el ejercicio de la abogacía en el país centroamericano, tras la eliminación de numerosos abogados del registro oficial de profesionales sin previo aviso ni explicación.

Los expertos indicaron que hay “motivos razonables para considerar que el Gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, según declaró el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.

Esta denuncia surge después de que muchos profesionales del derecho reportaran que sus nombres dejaron de aparecer en el registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Según testimonios recabados por el grupo, cerca de 2.000 abogados habrían sido excluidos en un corto período.

Los afectados indicaron que la pérdida de sus credenciales no fue acompañada de comunicaciones formales ni procesos administrativos que explicaran la medida. Muchos se dieron cuenta de su situación al intentar acceder a tribunales, presentar documentos legales o consultar sus datos en la plataforma digital del máximo órgano judicial.

“Se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Simon.

La ONU ha denunciado una “purga” de abogados en Nicaragua y alertado sobre el deterioro de la independencia judicial (EFE).

El grupo de expertos advirtió que la eliminación masiva de abogados es una nueva fase en la intervención de las instituciones judiciales del país.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero eliminar una parte importante de la profesión jurídica constituye una nueva escalada”, agregó el presidente del organismo.

Los especialistas recordaron que las restricciones contra abogados no comenzaron con esta medida. Desde 2023, las autoridades nicaragüenses ya habían suspendido permanentemente a algunos profesionales y obstaculizado la renovación de autorizaciones notariales obligatorias para continuar ejerciendo.

La ONU vinculó esta situación con una serie de cambios implementados en el sistema judicial desde octubre de 2023, cuando la Policía Nacional asumió el control de la Corte Suprema de Justicia y se produjeron salidas de altos funcionarios. Ocho magistrados renunciaron, mientras que más de 1.000 empleados judiciales fueron apartados.

Los expertos también señalaron que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 modificaron el rol del Poder Judicial, que dejó de ser considerado un poder independiente y pasó a ser un “órgano” coordinado por la Presidencia.

En este contexto, Reed Brody, miembro del grupo de expertos, calificó la situación como una “depuración silenciosa” de la profesión jurídica, que afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a una defensa legal.

“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente”, afirmó Brody. “En este caso no hubo audiencia ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”.

El organismo internacional indicó que entre las personas afectadas se encuentran abogados en el exilio, antiguos funcionarios judiciales, exintegrantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y profesionales sin una identificación política conocida.

Ariela Peralta, también parte del grupo, expresó que los abogados nicaragüenses han enfrentado presiones desde las protestas antigubernamentales de 2018, incluyendo amenazas, hostigamientos, detenciones y desplazamientos fuera del país.

Los expertos advirtieron que impedir que abogados y notarios aparezcan en los registros oficiales puede tener consecuencias directas sobre el acceso a la justicia, limitando la posibilidad de que los ciudadanos tengan representación legal ante los tribunales.

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