Economía
La Defensoría de Colombia solicita prevenir una escalada.
Bogotá.- La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó este domingo prevenir una escalada de violencia tras los ataques explosivos ocurridos la víspera en varias partes del país, que resultaron en la muerte de un policía, justo un día después de la toma de posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.
«Ante el inicio de un nuevo Gobierno, es crucial fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades», expresó la Defensoría en un comunicado.
La entidad señaló que entre el viernes y el sábado ocurrieron «ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos» en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Los múltiples ataques con explosivos
El hecho más grave tuvo lugar en San Roque, en el departamento de Cesar (noreste), donde un puesto policial fue atacado con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, quien llevaba 18 años en la Policía.
Otro ataque destruyó un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la posesión de De la Espriella.
«Aunque las circunstancias y autorías de varios de estos hechos continúan siendo materia de verificación, se han registrado en un corto periodo hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en estas regiones del país», indicó el comunicado.
La Defensoría destacó que varios de estos ataques han ocurrido «en cabeceras municipales o en las cercanías de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades», y algunos han impactado a la población civil.
«Recordamos nuevamente a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza. En la conducción de las hostilidades deben respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas», añadió la entidad.
Por ello, solicitó «cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades», especialmente «cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas», como los drones, cada vez más usados por grupos armados ilegales en el conflicto armado colombiano.
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