Abundante evidencia en la Operación Camaleón

Santo Domingo.- Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), compartió este miércoles que han presentado pruebas suficientes ante el tribunal para que se apruebe la medida de coerción solicitada contra los acusados en la Operación Camaleón por el Ministerio Público.

Después de abandonar la sala del Segundo Tribunal de Atención Permanente, Camacho declaró: “Hemos aportado pruebas más que sobradas para que el Tribunal admita la medida de coerción propuesta por el Ministerio Público. Como indicamos previamente, en este caso se han introducido alrededor de 245 piezas de evidencia que son tan extensas, que incluso la defensa ha pedido posponer para poder revisar estos elementos de prueba”.

Asimismo, señaló: “Durante las audiencias de ayer y hoy, se ha destacado en el tribunal que el Ministerio Público ha presentado miles de documentos, lo que reafirma que hemos suministrado abundantes pruebas para que el Tribunal acepte nuestra petición de medida de coerción, que en este caso es la prisión preventiva”.

Cuando se le preguntó por los jueces del cuarto tribunal colegiado, quienes fueron mencionados como víctimas de espionaje en el dossier de la “Operación Camaleón”, manifestó que entre las pruebas aportadas se incluye una lista hallada en un allanamiento a uno de los implicados, mostrando el seguimiento a miembros del sistema de justicia, lo cual justifica la imposición de la medida de coerción solicitada.

“Entre la evidencia presentada en el tribunal, descubrimos una lista en el registro a uno de los acusados que muestra seguimiento a miembros del sistema de justicia. Esto ilustra la conducta de esta red criminal y es una de las bases para que el Ministerio Público demande la imposición de la medida de coerción solicitada”, explicó el funcionario.

Se estableció que la decisión sobre los implicados en este caso se dará a conocer el jueves a las 3 de la tarde. El Ministerio Público pide prisión preventiva debido a las anomalías identificadas en el proceso de licitación y otorgamiento del contrato para la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, firmado entre el INTRANT y la empresa Transcore Latam.

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