AIRD critica la ausencia de consulta para la Ley de Residuos

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su preocupación ante la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), que fue aprobada este miércoles por el Senado de la República.

Mario Pujols, Vicepresidente Ejecutivo de la AIRD, criticó la falta de diálogo en el proceso llevado a cabo por el Senado en esta ocasión: “El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se suele esperar en proyectos de ley de tanta relevancia como este. Nos sorprende aún más que no se haya convocado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible para conocer su opinión técnica sobre el asunto”.

Pujols reiteró que la industria nacional apoya la adecuada gestión de los residuos sólidos en el país y reconoció la necesidad de fondos para alcanzar esos objetivos. “Lo que rechazamos, además de la manera acelerada e inconsulta en que fue aprobado este proyecto, es la insistencia en establecer una contribución especial sin que exista un estudio técnico o un análisis de impacto regulatorio que justifique la magnitud de los aumentos propuestos”.

El gremio está preparado para compartir sus propuestas con las comisiones de trabajo correspondientes en la Cámara de Diputados, a donde ahora se dirige el proyecto aprobado. “Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para garantizar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir”, concluyó Pujols.

Sobre la municipalidad

El representante empresarial destacó que, como gremio, reconocen los desafíos financieros de los gobiernos municipales en todo el país. Sin embargo, enfatizó que no se puede esperar que el marco legal de residuos sólidos resuelva todas las necesidades históricas de financiamiento de la municipalidad. “El marco legal aplicable a los ayuntamientos establece que deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para cumplir con sus funciones. Si esa transferencia no se realiza o es insuficiente, la solución radica en corregir ese mecanismo, no en trasladar la carga a la contribución especial de una ley ambiental que tiene un objetivo diferente y específico”, recalcó Pujols.

creditos de las imagenes de este post: Deultimominuto.net