Aplazamiento de la coerción en Operación XL526 por segunda ocasión; defensa señala vulneración de derechos y demoras en la entrega de pruebas.

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha aplazado por segunda vez la medida de coerción contra los diez imputados en la Operación XL526. La defensa denunció presuntas violaciones a derechos fundamentales durante los arrestos y cuestionó cómo el Ministerio Público presentó las evidencias del caso.

La jueza Yiberty Polanco decidió posponer la audiencia para el próximo lunes 15 de junio por la mañana, tomando en cuenta los argumentos de los abogados defensores, quienes indicaron que recibieron el extenso expediente solo un día antes de la vista judicial, lo que dificultó un análisis adecuado de la documentación.

Una vez más, la medida se reprogramó para el lunes a partir de las 9:00 de la mañana en el palacio de justicia Federico Alvarez de esta ciudad.

Durante la vista de este miércoles, mientras se discutía la medida, familiares de los imputados oraban en los pasillos pidiendo la libertad de sus seres queridos, a pesar de las acusaciones en su contra.

Los abogados Elvin Domínguez y José Reynoso afirmaron que varios de los imputados estuvieron incomunicados por horas tras su arresto, sin acceso inmediato a sus representantes legales ni a sus familiares, lo cual consideraron una violación de garantías constitucionales.

“Estamos ante un expediente extenso y hemos presentado una acción constitucional por vulneración de derechos fundamentales”, expresó Domínguez al finalizar la audiencia.

Los abogados también denunciaron que las pruebas fueron entregadas de forma tardía y fragmentaria, lo que, según afirmaron, perjudica el derecho de defensa y el debido proceso de los acusados.

La Operación XL526 fue llevada a cabo por las autoridades en Santiago y Puerto Plata contra una supuesta red criminal implicada en fraudes, extorsiones y lavado de activos a nivel internacional. Según el Ministerio Público, los miembros de la estructura supuestamente se hacían pasar por integrantes de carteles de narcotráfico para intimidar a ciudadanos estadounidenses y obtener dinero mediante amenazas.

Entre los presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros acusados que cumplían funciones operativas dentro de la organización.

El caso ha atraído la atención pública debido a la envergadura de la presunta estructura criminal y por considerarse por las autoridades uno de los golpes más significativos contra las redes de estafas transnacionales operadas desde la región norte del país.

Con este nuevo aplazamiento, la audiencia de coerción se adentra en una fase marcada no solo por las acusaciones de fraude y extorsión internacional, sino también por el debate sobre las garantías procesales y el respeto a los derechos de los imputados a lo largo de la investigación.

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