El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, negó este domingo que la aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador sea el “fin de la democracia”, argumentando que las críticas se deben a que la decisión fue tomada por un país “pequeño y pobre”.
En un trámite rápido, el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó el jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, extiende el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
En respuesta a las críticas de organismos internacionales de derechos humanos, Bukele afirmó en la red social X que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, comentó irónicamente el mandatario de 44 años, quien asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de votos, lo que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
“Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto”, añadió en el mensaje, escrito en inglés.
Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria “con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca”, las críticas seguirían.
“Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril”, agregó.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un “golpe mortal” a la democracia y una “manipulación” de la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.
El presidente, quien asegura no preocuparse por ser llamado “dictador”, goza de gran popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que comenzó en 2022 y redujo la violencia en el país centroamericano a mínimos históricos.
Sin embargo, grupos de derechos humanos critican su política de seguridad porque está basada en un régimen de excepción que permite arrestos masivos sin orden judicial y restringe libertades.
La reforma constitucional fue aprobada tras una serie de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha obligado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
creditos de las imagenes de este post: Robertocavada.com
