Denuncian grave daño ambiental y explotación ilegal en ríos de Guázara vinculados al empresario Maiker González

La Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, junto con la Asociación Incorporada de la región y una coalición de organizaciones sociales locales, emitieron alertas sobre un grave deterioro ambiental en cinco ríos del área de La Guázara. Esto se debe a actividades de explotación minera masiva presuntamente realizadas por el empresario Maikel González, quien ha estado vinculado a múltiples controversias ambientales en la República Dominicana.

Durante una reunión reciente, se denunció que el caudal de los ríos ha disminuido significativamente, comprometiendo la biodiversidad local y la seguridad de las comunidades cercanas.

Esta situación se atribuye a la operación ilegal de maquinaria pesada, extrayendo materiales sin controles adecuados, lo que afecta directamente los cauces fluviales y el equilibrio del ecosistema.

Expertos ambientales y activistas explican que La Guázara es crucial para la protección contra desastres naturales en zonas como Cachón, Cabral y otras comunidades cercanas. La destrucción de estos ecosistemas representa un riesgo para miles de habitantes que dependen de esta barrera natural.

Maikel González, un conocido empresario minero de Baní, ha sido el centro de diversas protestas sociales y ambientales. Varias organizaciones han criticado sus prácticas, como la extracción no regulada en áreas protegidas.

De hecho, marchas masivas han logrado detener temporalmente algunas de sus operaciones por presuntas violaciones a la ley ambiental.

Investigaciones sugieren que González habría adquirido ilegítimamente derechos mineros a través de familiares de otros titulares para continuar actividades bajo nuevas figuras jurídicas.

El caso de Maikel González refleja un patrón de empresarios que evaden la supervisión por medio de permisos ilegales y corrupción administrativa.

Diversos medios nacionales han reportado casos donde urgencias ambientales se enfrentan con intereses económicos y políticos.

La Fundación de Protección del Medio Ambiente remitió evidencia al Ministerio de Medio Ambiente para que realicen las investigaciones correspondientes. Se señala que el director regional de Medio Ambiente en Barahona podría estar vinculado a actos de encubrimiento.

Estos señalamientos destacan no solo una crisis ecológica, sino también una crisis institucional y política que impide la protección efectiva del medio ambiente en la región.

Representantes de las comunidades afectadas alertan que, de continuar estas explotaciones ilegales, el impacto podría ser devastador. Además del daño ambiental, se teme un aumento en la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos. La zona ha sufrido graves pérdidas humanas y materiales en eventos recientes como el huracán Gerset, con más de 200 muertes oficialmente registradas.

Activistas advierten que sin una intervención urgente del presidente de la República, el Ministro de Energía y Minas así como el Ministro de Medio Ambiente, el número de víctimas podría aumentar significativamente.

Movilización social y planes de acción

En respuesta a la situación, el líder comunitario Domingo Feliz indicó que se llevará a cabo un plan de lucha urgente con la participación de todas las organizaciones sociales y ambientales de Enriquillo.

Está prevista una movilización para impedir la continuidad de la explotación masiva y para exigir a las autoridades nacionales medidas concretas contra estos atentados ecológicos.

Estos movimientos buscan sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional, utilizando canales de comunicación y presión política para revertir el daño y fortalecer la regulación ambiental. Esta problemática no es aislada. En la República Dominicana, la depredación ambiental por explotación minera ilegal es una problemática recurrente que afecta diferentes provincias, con implicaciones para la biodiversidad, la economía local y la salud pública.

A nivel internacional, organizaciones ambientales han señalado a la República Dominicana como un país con desafíos en gobernanza ambiental, particularmente en la minería y protección de cuencas hídricas.

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