Santo Domingo.- Con aún aproximadamente 20 artículos pendientes, alrededor de las seis de la tarde de este viernes culminó su labor la Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto de Código Penal. El senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión, manifestó al finalizar la reunión que los miembros están comprometidos con el proyecto y han actuado con “mucha responsabilidad”.
Durante la jornada de hoy, que inició a las 10 de la mañana, senadores y diputados se enfocaron en debatir la definición y tipificación de temas como el secuestro, el arresto ilegal y el abuso de niños, niñas y adolescentes. Las penas acordadas para los delitos de secuestro y arresto ilegal serán de 30 a 40 años, mientras que para los abusos contra menores, las penas oscilarán entre 20 y 30 años de reclusión, con las correspondientes multas.
En relación con las agresiones sexuales entre adultos, las penas variarán de uno a dos años, mientras que para aquellos casos que involucren a menores, las sanciones serán de 10 a 20 años, lo que se considera por los legisladores como de mayor proporcionalidad jurídica.
Un asunto que se ha cerrado de manera definitiva es la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo en la legislación, asegurando que no sean penalizadas, lo que mantiene a la República Dominicana entre los cinco países que imponen penas en cualquier circunstancia para la interrupción del embarazo.
En lo que respecta al aborto, abordado en los artículos 109, 110 y 111 del proyecto, se define el “aborto consentido” como aquel en el que una mujer acepta interrumpir voluntariamente su embarazo con asistencia médica, sancionando a los profesionales de la salud con penas de dos a tres años de prisión, al igual que a la mujer que consienta.
Si una mujer se provoca el aborto utilizando medicinas o brebajes, la ley impondrá una condena de dos a tres años de cárcel, bajo la figura de “aborto autoprocurado”. En el caso de “aborto forzado”, la nueva norma estipulará que implica obligar a otra persona a abortar sin su consentimiento, con penas de 20 a 30 años de prisión.
La propuesta en discusión incluye una eximente que establece: “La interrupción del embarazo practicada por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”.
La comisión aún debe validar y revisar los artículos restantes, pero la intención y proyección manifestadas por los diputados y senadores es que la próxima semana comiencen los debates en el pleno del Senado de la República para poner fin a dos décadas de discusión sobre el Código Penal.
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