El Supremo de Brasil juzgará a Eduardo Bolsonaro.

Brasilia.- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil comenzará a juzgar el 16 de junio al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien está acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo, según informó este miércoles la corte.

El presidente de la Primera Sala, el juez Flávio Dino, ha programado el análisis de la acción penal para dentro de dos semanas, después de que el relator del caso, Alexandre de Moraes, liberara la causa para su consideración por parte de sus otros tres colegas de sala.

Eduardo Bolsonaro, que afirma estar “exiliado” en Estados Unidos desde principios de 2025 tras declararse víctima de una “persecución política”, enfrenta una acusación de “coacción en el curso de un proceso”, un delito que en Brasil se castiga con penas de entre uno y cuatro años de prisión.

Según la denuncia de la Fiscalía, el hijo del exmandatario se reunió con representantes del Gobierno de Donald Trump con el fin de promover sanciones contra su país, intentando obstaculizar el juicio que enfrentaba el líder de extrema derecha por intento de golpe de Estado.

Como resultado de esas maniobras, la Administración Trump impuso sanciones políticas y financieras a jueces del Supremo y funcionarios del gobierno brasileño, además de establecer aranceles de hasta el 50 % sobre numerosos productos del país suramericano.

Las tensiones entre Brasil y Estados Unidos

La Fiscalía brasileña sostiene que Eduardo Bolsonaro impulsó la intervención del Gobierno estadounidense para tratar de evitar que el Supremo condenara a su padre.

En su opinión, se ha demostrado que el exdiputado “utilizó deliberadamente graves amenazas contra las autoridades responsables” del juicio por golpismo contra su padre, algunas de las cuales “se materializaron para favorecer los intereses” de su progenitor, señaló el Ministerio Público.

Eduardo Bolsonaro, quien perdió su escaño tras residir en EE.UU. y ausentarse durante un prolongado periodo de las sesiones de la Cámara Baja sin justificación, está representado en el proceso por un defensor público, dado que no designó un abogado, a pesar de haber sido notificado del caso incluso mediante un edicto público.

La fijación de la fecha para el juicio ocurre en medio de una nueva crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, tras la propuesta de nuevos aranceles por parte de la oficina comercial estadounidense contra la nación suramericana, alegando prácticas comerciales “desleales” y el uso de trabajo esclavo.

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