El Tribunal Constitucional deja en estado de resolución ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.

El Pleno de jueces revisó los expedientes en una audiencia pública conducida por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente.

SANTO DOMINGO. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), dirigido por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, dejó en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública en la sede de esta alta corte.

El primer expediente pendiente de fallo es el TC-01-2025-0024, con Ángel Moreta y José Carela de la Rosa como accionantes, quienes impugnaron el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional del 27 de octubre de 2024.

En la misma situación se encuentra el expediente TC-01-2025-0026, en el que Katherine Esther Arias Sánchez desafió el artículo 20, numeral 8, de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, del 17 de enero de 2023.

Los jueces también dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0027, presentado por Shesnel Alejandro Calcaño Mena y Emmanuel Taveras Santos, quienes cuestionaron la omisión legislativa sobre el artículo 16, numeral 9, párrafo I de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del 2 de agosto de 2016, por no incluir a los defensores públicos de carrera en el derecho vitalicio al porte y tenencia de armas de fuego.

Igualmente, está pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0029, presentado por el Movimiento para el Rescate del CARD, Inc. (Moreca) que desafió varios artículos de la Ley núm. 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, del 24 de enero de 2019.

Otro expediente a la espera de fallo es el TC-01-2025-0017, donde Fernando Antonio Guzmán Castro y el Consorcio de Bancas Real impugnaron la Ordenanza Municipal núm. 2/2024, emitida por la Junta Distrital de Boca de Mao, el 5 de junio de 2024.

En la misma situación está el expediente TC-01-2025-0025, en el cual Lilia Fernández León cuestionó varios artículos del Decreto núm. 1290, del 2 de agosto de 1983, que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

También, el expediente TC-01-2025-0031 presentado por Wilton Martínez Almonte y otros contra la Resolución IDA/DGNO.0063, del 15 de enero de 2024, emitida por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quedó pendiente de fallo.

Finalmente, los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0035 interpuesto por Amado A. Moquete Tena y otros, quienes impugnaron la Resolución núm. 21-2025, del 25 de abril de 2025, sobre el uso de medios digitales en tribunales, por riesgos a la seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios.

En la audiencia pública estuvieron presentes, además del magistrado Valera Montero, los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.

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