España prohíbe las llamadas comerciales móviles a partir de este sábado para prevenir estafas.

Desde este sábado, las empresas y entidades públicas no pueden realizar llamadas comerciales a través de móviles, como parte de un plan del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública para combatir las estafas telefónicas y por mensajería móvil.

Desde hoy, solo es legal efectuar llamadas comerciales desde números específicamente designados para ello (como el 1004 de Telefónica) o desde un sistema de numeración que identifique la ubicación geográfica de una línea, según ha declarado el Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública.

Las llamadas comerciales sin consentimiento previo ya estaban prohibidas desde junio de 2023, cuando se modificó la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Este nuevo paso está orientado a prevenir posibles estafas.

Como novedad, ahora se podrán realizar llamadas desde números 900 u 800, que anteriormente solo servían para efectuar llamadas, y que ahora también podrán recibirlas de manera gratuita.

Estas medidas son parte de un plan contra estafas que se incluyó en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de febrero, y que empezó a aplicarse en una primera fase el 7 de marzo.

Desde esa fecha, los operadores deben bloquear llamadas y SMS provenientes de numeraciones no asignadas a ningún usuario o servicio; hasta ahora se han bloqueado más de 14 millones de llamadas, con un promedio de 235.600 llamadas y 10.000 mensajes diarios, según informó el Ministerio esta semana.

A partir de hoy, entran en vigor dos medidas más del plan: la prohibición de llamadas comerciales desde móviles y la restricción de llamadas y SMS internacionales que simulan ser españoles para engañar al ciudadano.

Esta medida se implementa considerando que las llamadas fraudulentas suelen proceder de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, imitando numeraciones españolas.

Esta práctica es común en los intentos de fraude telefónico.

La mayoría de los bloqueos hasta la fecha han sido realizados por Telefónica, que ha comunicado a EFE que su implementación temprana de los mecanismos de bloqueo ha llevado a que la mayoría de los bloqueos se hayan ejecutado desde su red.

A pesar de que esta medida entra en vigor hoy, la multinacional española ha sido “pionera” en implementar desde marzo los bloqueos de llamadas y mensajes de origen internacional usando numeraciones españolas, salvo en casos de itinerancia legítima.

La última medida del plan, que se aplicará el 7 de junio de 2026, consiste en crear una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos usados por empresas y administraciones públicas para identificar SMS, con el fin de evitar comunicaciones donde se altere la identidad del remitente.

En junio del 2026 entrará en vigor una base oficial de datos para bloquear intentos de suplantación

Esta base de datos, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores.

Así se asegura la autenticidad de las comunicaciones, se protege la identidad de entidades legítimas y se facilita la detección y bloqueo de intentos de suplantación.

En estas llamadas, se suele solicitar a los ciudadanos que proporcionen sus claves personales, accedan a una web, llamen a un número telefónico, realicen transferencias o contraten servicios.

Según datos del Ministerio de Transformación Digital, países como Finlandia han implementado medidas similares y han logrado reducir sus estafas en un 90 %.

Países como Finlandia han reducido al 90 % sus estafas con medidas similares

El incumplimiento de estas medidas está tipificado en la Ley General de Telecomunicaciones como una infracción grave, y podría resultar en sanciones de hasta 2 millones de euros, según fuentes del Ministerio.

De acuerdo con las fuentes, al inicio del trámite de la orden a principios del año pasado, el 50 % de los fraudes se cometían mediante estas prácticas afectadas por la normativa, que está alineada con medidas ya implementadas en Francia, Alemania y Bélgica, además de Finlandia.

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