Gobierno ajusta el presupuesto de 2025 aumentando el gasto.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó al Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2025.

La propuesta establece una política fiscal contracíclica, destinada a mitigar los impactos de la situación internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, a través de un aumento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para fomentar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible.

Los ingresos estimados para 2025 alcanzan RD$1,277,364.7 millones, lo que representa el 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.

En cuanto a los gastos, se prevé un incremento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más de lo aprobado inicialmente), con un crecimiento del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.

Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras entidades.

Además, el aumento en el gasto contempla la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, así como recursos adicionales para organismos constitucionales.

Se destacan iniciativas para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma policial.

Como consecuencia, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que crecerá del 3.0 % al 3.47 % del PIB estimado para 2025. No obstante, este aumento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, asegurando que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.

Este proyecto asegura el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, garantizando que la expansión del gasto se lleve a cabo de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.

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