Inmobiliarias solicitan cambios en el proyecto de ley.

La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) considera favorable la propuesta del Congreso Nacional de modernizar el régimen legal de alquileres en República Dominicana, al verlo como un avance significativo en términos de seguridad jurídica, ordenamiento contractual y regulación integral del sector.

No obstante, advirtió que varios puntos críticos del proyecto requieren ajustes para prevenir efectos negativos en la inversión inmobiliaria, la propiedad privada y el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria.

En un documento de posición enviado a las comisiones responsables del estudio legislativo, la AEI resaltó elementos innovadores del proyecto como la bancarización del depósito de garantía, la inclusión de pólizas de seguro, y el diseño de un procedimiento de desalojo más equilibrado. Sin embargo, la entidad considera que ciertas disposiciones en el proyecto, tal como están redactadas, podrían afectar principios fundamentales del marco legal dominicano y el desarrollo sostenible del sector inmobiliario.

“Desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias valoramos positivamente el esfuerzo por modernizar la Ley de Alquileres. Es una iniciativa necesaria para proporcionar mayor seguridad jurídica y fortalecer la confianza en el mercado. Sin embargo, hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de manera equilibrada y sin excesos”, sostiene Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

Entre los aspectos preocupantes, la AEI destaca como principal la tipificación penal desproporcionada que impondría penas de hasta cinco años de prisión a propietarios que no finalicen el procedimiento judicial de desalojo, lo que, según el gremio, representa una penalización injusta de un conflicto esencialmente civil.

Esta disposición, advierten, podría afectar el derecho de propiedad y desincentivar la inversión formal en alquileres.

Asimismo, la AEI cuestionó la imposición automática de gastos legales al propietario, una práctica que contradice el artículo 1593 del Código Civil y altera el principio según el cual quien tiene mayor interés en la operación debe asumir esos costos.

La organización también señaló el riesgo de establecer un precedente normativo que impacte futuras leyes, como la que actualmente se encuentra en discusión para regular los servicios inmobiliarios y de corretaje, al promover prácticas que excluyan a los agentes profesionales del proceso de negociación.

Un punto adicional señalado es la omisión de la obligación de devolver al inquilino los intereses generados por el depósito de garantía, lo cual representaría un retroceso frente a disposiciones ya existentes en la Ley 4314. Además, se subrayó la necesidad de clarificar la diferencia entre depósito y renta anticipada, a fin de preservar el esquema de tres pagos iniciales (2 de depósito + 1 de renta), habitual en contratos actuales.

“Penalizar al propietario por un proceso civil, o alterar prácticas contractuales que funcionan, puede enviar un mensaje negativo al sector. Necesitamos una ley que genere confianza, que incentive la inversión y que preserve el rol profesional del agente inmobiliario. Estamos comprometidos a contribuir para que esta ley favorezca el desarrollo sostenible del sector y del país”, añade Bogaert.

La AEI reafirma su apoyo al proceso de modernización legal, pero insiste en que los ajustes propuestos son esenciales para asegurar una ley justa, técnica y funcional. El gremio reafirma su disposición a seguir colaborando con el Congreso Nacional y los actores públicos y privados involucrados, con el fin de lograr una legislación que beneficie a propietarios, inquilinos y profesionales del sector por igual.

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