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Irán autoriza a las mujeres a conducir motocicletas
El Gobierno de Irán ha aprobado un decreto que permite a las mujeres obtener permisos de conducir motocicletas, poniendo fin a una prohibición que existía desde la fundación de la República Islámica hace 47 años.
El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó el decreto que “ordena a la Policía de la República Islámica la emisión de permisos de conducir para mujeres”, según informó la agencia ISNA este miércoles.
El decreto también establece que la Policía debe capacitar a las aspirantes a conductoras y llevar a cabo los exámenes necesarios para obtener el permiso.
Esta aprobación llega tras meses de discusión sobre si se debería permitir que las mujeres condujeran motos, a pesar de que muchas ya lo hacían de forma ilegal.
El argumento oficial era que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a “hombres” en relación a los permisos de conducción de motocicletas, lo que había llevado a las autoridades a negar licencias a mujeres hasta ahora.
La vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció hace una semana que esta situación cambiaría pronto y explicó que las mujeres deberán asistir a cursos impartidos por instructoras, y en caso de escasez de personal, por hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas.
La aprobación de esta medida se produce en medio de las protestas más violentas en la historia de la República Islámica, que comenzaron a finales de diciembre por motivos económicos y rápidamente evolucionaron hacia demandas de cambio político.
Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de instigar la violencia, mientras que informes oficiales cuentan 3.117 muertos en las protestas, aunque organizaciones no gubernamentales como HRANA estiman la cifra en 6.842, además de más de 40.000 arrestos.
En su informe anual, Human Rights Watch denunció que las mujeres y niñas en la República Islámica siguen enfrentando grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los hombres en áreas como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, relegándolas a un estatus de ciudadanas de segunda clase.
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