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Juez argentino dicta orden de captura contra el presidente nicaragüense Ortega por violaciones de derechos humanos
Buenos Aires, Argentina.- Se ha emitido una orden de captura internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y Rosario Murillo, su esposa, por acusaciones de “violación sistemática de derechos humanos”, según declaraciones dadas a conocer el lunes por el abogado a cargo de la denuncia.
De acuerdo con el abogado Darío Richarte, quien habló con AFP, “el juez federal Ariel Lijo dictaminó la comparecencia para declaración indagatoria junto con la orden de arresto y solicitud de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. Este caso se basa en el principio de jurisdicción universal, el cual permite que los países juzguen crímenes contra la humanidad sin importar dónde hayan sucedido.
Según Richarte, la administración bajo Ortega y su esposa “podría ser la dictadura más sangrienta en la historia del continente”.
Entre los delitos imputados se encuentran “asesinato, grave privación de libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de poblaciones, y la persecución de grupos o colectivos”, señala.
También ha sido emitida una orden de captura en contra de “todos aquellos que forman parte de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad”, añadió.
La denuncia ofrece un desglose del contexto socio-político de Nicaragua desde abril de 2018, detallando fases dentro de lo que describe como un “plan criminal represivo” y respaldado por testimonios de víctimas cuyas identidades se mantienen confidenciales.
La presentación legal fue iniciada ante los Tribunales Federales de Buenos Aires el 26 de agosto de 2022 por un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, liderados por Richarte y apoyados por estudiantes de Derecho.
Desde su inicio, esta ha sido ampliada en siete ocasiones para incluir supuestas complicidades de entidades como la Policía Nacional y el Poder Judicial, ataques contra la libertad de expresión mediante el cierre de medios y ONG opositoras, y la “migración forzada e intencionada”, entre otras acusaciones.
“La denuncia se ha estado expandiendo a medida que la dictadura continuaba perpetrando nuevas violaciones de derechos humanos”, explicó Richarte.
– Jurisdicción universal –
El Congreso Nicaragüense, dominado completamente por el oficialismo, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto sobre los poderes del Estado.
Esta reforma aumentó el período presidencial de cinco a seis años y ratificó el poder ya ostentado por Murillo, quien pasó de ser vicepresidenta a “copresidenta”.
La ley concede además plena autoridad al ejecutivo al estipular que los copresidentes coordinarán los “órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, así como los regionales y municipales”, que previamente eran reconocidos como independientes por la Constitución.
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, la Justicia nicaragüense despojó de su nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de los cuales son políticos encarcelados, posteriormente deportados, u otros que ya se habían exiliado.
Entre los afectados se encuentra la escritora Gioconda Belli y el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) y ahora crítico del mismo.
Ortega, exguerrillero de 79 años que dirigió Nicaragua durante la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, regresó al poder en 2007. Desde entonces, ha sido acusado por sus detractores de establecer una “dictadura” y de practicar el “nepotismo” junto a su esposa, quien es seis años menor que él.
La justicia argentina recientemente aplicó el principio de jurisdicción universal al emitir en septiembre una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo, Diosdado Cabello, por crímenes de lesa humanidad.
Dicho principio también fue invocado en 2010, al abrirse un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen de Francisco Franco, y en 2021, al comenzarse una investigación sobre las acusaciones de birmanos contra la minoría musulmana.
Un caso famoso de aplicación de este principio fue en 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
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