Juez boliviano dicta prisión preventiva para el expresidente Luis Arce por presunta corrupción.

La Paz.- Un juez ordenó este viernes la detención preventiva durante cinco meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en una prisión de La Paz, en el marco de una investigación por presuntos malos manejos en un fondo destinado a proyectos indígenas cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El juez anticorrupción Mario Helmer Laura determinó que Arce “deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva” en el penal de San Pedro, ubicado en el centro de La Paz, “por un periodo de cinco meses”.

El juez también aclaró que el exmandatario podrá solicitar una salida judicial por razones médicas “en cualquier momento”, y que la Dirección de Régimen Penitenciario deberá garantizar su seguridad física en un lugar “diferente” al de los condenados dentro de esa prisión.

La decisión judicial, tomada tras más de seis horas de una audiencia cautelar virtual, consideró que Arce no logró desvirtuar completamente el riesgo de obstaculización en el proceso, a pesar de haber presentado garantías laborales y acreditar una residencia estable en La Paz.

Durante la audiencia, Arce se declaró “absolutamente inocente” y atribuyó su aprehensión a motivos “claramente políticos”, alegando que el Gobierno de Rodrigo Paz “busca chivos expiatorios” para desviar la atención de los problemas en el país.

El exjefe de Estado también aseguró que su arresto hace dos días fue “ilegal” y relató que, el día de su detención, fue interceptado por “encapuchados” en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, a pesar de exigirlo, en un principio no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.

El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, argumentando que, durante su tiempo como ministro de Economía, autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se hicieron de forma parcial.

Además, la Fiscalía solicitó que la detención preventiva sea por tres meses, una solicitud que fue rechazada por la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia, que exigieron al juez una duración de seis meses.

El Ministerio Público también subrayó que el proceso contra Arce se basa en actos realizados cuando fue ministro, y no presidente, por lo que el caso sigue su curso ordinario y no en un juicio de responsabilidades que corresponde a ex altas autoridades del Estado.

La Fiscalía sostuvo que hubo “más de 3.500 proyectos financiados por el Ministerio de Economía”, de los cuales “ni la mitad han sido concluidos”, además de constatarse “que se realizaron desembolsos a cuentas particulares de líderes” de organizaciones indígenas y campesinas.

En respuesta, Arce afirmó que, como ministro, no participó en las reuniones del directorio del Fondioc, ya que designó a un representante mediante resoluciones de su cartera, y que esa instancia también tenía delegados de otros ministerios e instituciones.

La defensa de Arce solicitó su libertad “pura y simple”, comprometiéndose a presentarse en “todo acto de investigación fiscal” y argumentando su edad, de 62 años, y su padecimiento de cáncer como atenuantes a una detención preventiva, aunque el juez indicó que no se presentaron certificados médicos actualizados.

Desde que dejó la presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce ha estado dedicado a dar clases de economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), actividad que ha mantenido durante su etapa en el Gobierno.

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