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Jueza mexicana impone prisión preventiva a exgobernador
Ciudad de México, 19 jul (EFE).- Una juez federal ha dictado prisión preventiva al exgobernador de Baja California (1989-1995), Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete acusados, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
El pasado jueves, la FGR arrestó a Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.
Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.
En un comunicado, la FGR explicó que, tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, la juez Alejandra Ramírez de la Vega dictó la medida y señaló que durante la audiencia inicial se expusieron casi una centena de datos de prueba, y el Ministerio Público Federal (MPF) formuló la imputación por los delitos mencionados.
Después de diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener para los imputados Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés, Juan Hermilo Chávez y Luis Antonio Barrientos, el mandato provisional de prisión preventiva, que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, en el Estado de México.
En cuanto a José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en sus domicilios por razones de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillen será internada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur, también en el Estado de México.
La FGR indicó que, luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, lo que permite a la defensa recopilar más pruebas.
Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar en Baja California en 1989, representando al Partido Acción Nacional (PAN).
Posteriormente, la FGR informó que desarticuló una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible, causando un daño al erario superior a 4.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares), y se emitieron órdenes de captura contra 25 personas.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, la organización utilizaba carro-tanques ferroviarios para introducir combustible desde refinerías de Texas, declarando cantidades menores o productos distintos a los realmente transportados para evadir impuestos.
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