La CARD rechaza solicitar más tiempo al Tribunal Constitucional para revisar el Código Procesal Penal y solicita mantener la Ley 10-15 sin modificaciones.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, expresó su rechazo a que el Tribunal Constitucional (TC) otorgue una nueva prórroga al Congreso Nacional para la revisión y adecuación del Código Procesal Penal, especialmente en lo relativo a la Ley 10-15, previamente declarada inconstitucional por el mismo tribunal.

Trajano Potentini advirtió que permitir una extensión del plazo implicaría que el Tribunal Constitucional estaría retrocediendo, generando un precedente negativo y afectando la seguridad jurídica del país. Recordó que el propio TC estableció en 2024 que sus decisiones son definitivas e inmutables, por lo que una prórroga implicaría permitir una revisión de sus sentencias, algo prohibido por la Constitución y por la jurisprudencia consolidada. (ver sentencia TC. 0694/24)

El presidente del CARD indicó que en los debates legislativos recientes se han promovido cambios que serían una contrarreforma al Código Procesal Penal, como la ampliación de la prisión preventiva y otras medidas restrictivas que atentan contra las garantías procesales y los avances consagrados en la Ley 10-15. Señaló que estas propuestas no reflejan el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional ni responden a las expectativas de la ciudadanía, que demanda una normativa respetuosa de los derechos fundamentales y orientada al fortalecimiento institucional.

En este sentido, el Colegio de Abogados reiteró su posición: el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 tal como fue aprobada originalmente, sin alteraciones, respetando el procedimiento legislativo correspondiente a las leyes orgánicas. Potentini afirmó que solo tras esta ratificación y con certeza jurídica, el Congreso podría iniciar nuevas discusiones para evaluar modificaciones futuras, siempre bajo los mecanismos constitucionalmente establecidos.

El CARD advirtió que solicitar o conceder una prórroga llevaría al Tribunal Constitucional a una situación de inseguridad jurídica comprometiendo su autoridad interpretativa. “Lo necesario ahora no es buscar una prórroga, sino proteger la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 tal como estuvo vigente en 2015, y luego abrir otros debates si el Congreso lo considera pertinente”, afirmó Potentini.

Con esta postura, el Colegio de Abogados hace un llamado a los poderes públicos a actuar con responsabilidad, respetar la Constitución y coherencia con la doctrina y precedentes del Tribunal Constitucional, evitando acciones que puedan socavar la estabilidad del sistema jurídico dominicano.

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