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La ONU expresa su preocupación por las restricciones
Bogotá.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó este jueves su inquietud por las repercusiones que podrían tener las limitaciones impuestas a la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo debido a una disidencia de las FARC en su acceso a las áreas donde opera.
El organismo manifestó su «profunda inquietud por las posibles consecuencias que surgirían para la población de una restricción del acceso» de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Defensoría del Pueblo «a las regiones afectadas por el conflicto armado».
«Estas organizaciones son clave para la prevención y protección de la población civil. Limitar su labor restringe los derechos de la población civil», añadió el comunicado.
El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, indicó el miércoles en un comunicado que la restricción a los tres organismos «se debe a graves violaciones de confianza y neutralidad», agregando que «acciones humanitarias y de verificación han sido empleadas para obtener información» sobre su localización, «facilitando operaciones militares» en su contra.
Riesgos por las disidencias en Colombia
En este contexto, la coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar, indicó en un comunicado que «las organizaciones humanitarias se rigen por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia», enfatizando que «la adherencia y respeto a estos principios son fundamentales para evitar confusiones que puedan resultar en restricciones al acceso».
«Se reitera el llamado a respetar plenamente el espacio humanitario y a asegurar un acceso seguro, oportuno y sin limitaciones para todas las instituciones que, en cumplimiento de estos estándares, trabajan en beneficio de la población civil», agregó Villar.
El EMC, encabezado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, también acusó a los organismos de filtrar «información sensible desde misiones humanitarias».
La disidencia comunicó que «solo llevará a cabo misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice la neutralidad absoluta, el secreto y la confidencialidad, además de coordinar previamente todas las acciones».
Defensa de su imparcialidad
La MAPP/OEA, a su vez, desmintió «las acusaciones de falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares a través de su trabajo».
«Durante 22 años, la MAPP/OEA ha colaborado con comunidades, víctimas y poblaciones vulnerables en los territorios más impactados por la violencia y el conflicto armado, llevando a cabo su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional», destacó el organismo en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo también expresó su descontento por la decisión del EMC, señalando que «limita la labor en defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad».
«Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre los riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el apoyo al que tienen derecho, restringe el acceso a la atención humanitaria y coarta las actividades diseñadas para aliviar su sufrimiento», indicó la Defensoría en un comunicado.
Frente a los acontecimientos, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció que el Gobierno tomará las «medidas necesarias» para evitar que estos organismos interrumpan sus actividades.
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