Economía
Legisladores apoyan la implementación del nuevo Código.
Santo Domingo.– Legisladores de diversas bancadas defendieron este lunes la aprobación del nuevo Código Penal, enfatizando la urgencia de su entrada en vigencia y el trabajo realizado por la comisión que revisó las modificaciones propuestas por diferentes sectores de la sociedad.
El diputado Ramón Bueno afirmó que la Cámara de Diputados ha cumplido con su deber al considerar todas las observaciones durante el proceso de discusión.
Destacó, como un hecho sin precedentes, el anuncio del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, de notificar a cada proponente si su sugerencia fue aceptada o rechazada, explicando las razones en caso de conflicto con la Constitución.
En la misma línea, el senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, aseguró que es “imprescindible” que el nuevo Código Penal entre en vigor, ya que introduce más de 70 nuevos tipos penales en respuesta a las demandas de la ciudadanía y establece consecuencias para conductas que anteriormente no eran contempladas.
Rodríguez también expresó su apoyo al trabajo llevado a cabo por la comisión bicameral encargada del estudio del proyecto, mostrando confianza en las consideraciones y modificaciones acordadas por los legisladores que representaron al Senado durante el proceso.
Reforma policial
Por otro lado, el diputado Carlos Sánchez informó que la comisión especial continúa trabajando en la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual ha pasado de 315 a 342 artículos debido a las modificaciones introducidas en el Senado.
Sánchez explicó que la propuesta busca transformar significativamente la estructura de la institución policial, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control.
Entre los principales cambios, mencionó el traslado de Asuntos Internos al Ministerio de Interior y Policía, así como una nueva composición del Consejo Superior Policial, que incorporará mayor representación de instituciones civiles y del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar un mejor equilibrio en la toma de decisiones y contribuir a reducir los excesos y violaciones a los derechos humanos denunciados en los últimos años.
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