Los abogados de Julio Iglesias destacan el “linchamiento público” que ha padecido.

Madrid.- Los abogados de Julio Iglesias valoran la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación por presunto acoso y agresión sexual a dos extrabajadoras y destacan el “linchamiento público” que, a su juicio, ha sufrido “fruto de la orquestación de un montaje mediático”, causando un daño “irreparable”.

Fuentes del equipo jurídico del cantante se refirieron este viernes a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta contra él a raíz de una denuncia de dos exempleadas por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, debido a la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que presentaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, con el objetivo de alentar a otras a que también denuncien y no sufran abusos de este tipo.

Los abogados del cantante español expresan su satisfacción por la decisión de la Fiscalía y sostienen que “se ha basado en la legalidad y en la jurisprudencia vigente”.

No obstante, subrayan “el linchamiento público” que ha sufrido el artista “fruto de la orquestación de un montaje mediático”.

“El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar”, dice el comunicado, que añade que seguirán trabajando “en pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad”.

Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias, también se pronunciaron sobre el archivo de la denuncia, considerando “lamentable” la decisión y anunciando que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

Para su rechazo, la Fiscalía argumenta que la ley española exige, entre otros aspectos, que el denunciado sea un ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que haya una “conexión material con España”, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

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