Santo Domingo. — Este lunes, un conmovedor testimonio sacudió el programa Esto No Es Radio, donde el periodista Hansel García denunció el caso de Fanny Francisca González, una humilde madre trabajadora del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, quien entre lágrimas clamó por protección ante el miedo de ser asesinada por su propio hijo.
La mujer, que se gana la vida barriendo calles, narró cómo su hijo Jiwandi Estrella González, alias Jimmy, de 29 años, deportado desde Estados Unidos hace varios meses, la atacó con un machete tras una serie de episodios violentos en los que también hirió a uno de sus hermanos y destrozó gran parte del hogar familiar.
El hijo agresor fue deportado tras cumplir una condena y, desde su regreso al país, se involucró en el consumo de drogas y actos violentos. Según el relato de Hansel García, la madre, motivada por el amor y la esperanza, lo rescató de la cárcel pagando su fianza de 40 mil pesos, solo para terminar siendo su próxima víctima.
“Me cortó, rompió todo en mi casa, me quiso matar. Tengo mensajes donde dice que me va a matar a mí y a todo lo que tenga que ver conmigo. Si algo me pasa, la jueza que lo soltó es responsable”, expresó González entre sollozos en un video que fue presentado en el programa, denunciando que su agresor fue liberado mediante una fianza de 20 mil pesos, a pesar de las pruebas y amenazas que había presentado.
El caso ha provocado indignación entre los panelistas del programa, quienes criticaron fuertemente al sistema judicial y al Ministerio de la Mujer por su falta de acción y el aparente abandono de las casas de acogida, destinadas a proteger a mujeres en riesgo. “¿Dónde están esas casas de refugio y el presupuesto millonario asignado a ellas?”, cuestionó la comunicadora Gaby Desangles, pidiendo que la víctima sea trasladada a un lugar seguro.
El periodista hizo un llamado al alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y a las autoridades judiciales para que brinden protección inmediata a Fanny Francisca González. También exhortó al Gobierno y al Ministerio Público a establecer un registro nacional de deportados con antecedentes criminales, para prevenir que personas reincidentes en delitos continúen amenazando a la ciudadanía.
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