No se puede posponer la organización del sistema de tránsito terrestre y la regulación del uso de motocicletas.

Es bien sabido que el transporte es uno de los problemas más críticos que enfrenta la sociedad dominicana, afectando todos los aspectos de la vida nacional. Un factor clave en esta problemática es el crecimiento desordenado del parque vehicular, especialmente de unidades que no están en condiciones adecuadas para circular y que, además, prestan un servicio deficiente a los usuarios.

La fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han permitido que el uso de motocicletas se expanda como un sistema que opera sin controles efectivos ni regulación real. Esto ha llevado a que se asocien con infracciones, delitos y un elevado número de accidentes de tránsito, agravando la problemática de seguridad vial y ciudadana.

La falta de políticas públicas claras, junto con la ineficacia en la aplicación de la ley y la falta de voluntad para imponer el orden, son elementos centrales en el agravamiento de esta crisis.

El desorden en el tránsito se ha intensificado hasta convertirse en una amenaza directa para la seguridad y calidad de vida de la ciudadanía. Es alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (como violar la luz roja, circular por las aceras o en dirección contraria), generando incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas.

Preocupa, además, la inexistencia de un sistema integral y eficiente de control del tránsito, así como la falta de consecuencias reales para los infractores y de mecanismos adecuados de coordinación entre las autoridades competentes.

Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para diciembre de 2022 las motocicletas representaban el 56% del parque vehicular, con un incremento del 6.6% respecto al año anterior. A inicios de 2026, las motocicletas registradas en la República Dominicana ascendían a 3,872,238 unidades, representando aproximadamente el 58% del total del parque vehicular.

A nivel internacional, el portal World of Statistics señala que el país se encuentra entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, con 65 decesos por cada 100,000 habitantes. Los motoristas son el grupo más afectado en estas estadísticas, debido a la alta incidencia de infracciones y al débil régimen de fiscalización.

Es momento de adoptar medidas urgentes y firmes. Debe declararse una emergencia nacional en materia de tránsito, convocando a todos los sectores involucrados a coordinase activamente en su solución. Además, establecer y hacer cumplir sanciones más efectivas que disuadan las violaciones a la normativa de tránsito, especialmente en casos de conducción temeraria.

Esta problemática debe abordarse con rapidez. La seguridad y calidad de vida de la población dependen de decisiones responsables y de una voluntad política firme para transformar el sistema de transporte.

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