Ocho legisladores vinculados a casas de apuestas

Santo Domingo, R.D.– Ocho legisladores actualmente en el Congreso Nacional, incluyendo siete diputados y un senador, han declarado intereses, propiedades o vínculos económicos con empresas y negocios relacionados con los juegos de azar, mientras el Poder Legislativo está considerando un proyecto de Ley para regular esta actividad en la República Dominicana.

Este descubrimiento es significativo, ya que siete de los ocho congresistas mencionados pertenecen a la Cámara de Diputados, donde se introdujeron modificaciones al texto que había sido aprobado previamente por el Senado, alterando las condiciones económicas y operativas de la industria.

Entre las modificaciones se encuentra una moratoria de diez años para la apertura de nuevos establecimientos de juegos de azar, especificada en el artículo 191 del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que no estaba presente en la versión inicial sancionada por el Senado.

Si esta disposición se mantiene en la legislación final, la instalación de nuevos lugares estaría bloqueada por una década, mientras que los negocios ya autorizados podrían continuar operando.

La presencia de intereses empresariales declarados por los legisladores no implica necesariamente irregularidades ni prueba de que hayan influido en la creación de disposiciones que favorezcan sus intereses personales.

No obstante, esta situación plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés, dado que el Congreso Nacional está tratando una legislación que impacta directamente en un sector económico donde estos legisladores tienen intereses.

Los ocho legisladores con intereses declarados en este sector

Según las declaraciones patrimoniales consultadas, estos intereses corresponden a siete diputados y un senador. Cuatro son del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres de Fuerza del Pueblo (FP) y uno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, senador de Fuerza del Pueblo, está vinculado en su declaración jurada con el Consorcio de Bancas Eduard.

Domingo Eusebio de León Mascaró, diputado de Fuerza del Pueblo, ha declarado vínculos con el Consorcio de Bancas La Solución y Loteka.

Sergio “Gory” Moya de la Cruz, diputado del PRM, informa en su declaración jurada tener acciones en La Solución Sport SRL, empresa relacionada con las bancas de apuestas.

Juan Carlos Echavarría Milané, diputado del PLD, es propietario del Consorcio de Bancas Joselito.

Carlos José Gil Rodríguez, diputado de Fuerza del Pueblo, está vinculado con el Consorcio de Bancas La Dinámica.

Orlando Antonio Martínez Peña, diputado del PRM, registra Bancas OM y también es accionista de Lotedom.

Melvin Alexis Lara Melo, diputado del PRM, aparece relacionado con Bancas Alex Lara.

Alexander Javier Cuevas, diputado del PRM, completa el grupo identificado y tiene vínculos con Bancas Alex Sport.

Las declaraciones patrimoniales son la fuente documental de estas conexiones y evidencian la existencia de intereses económicos declarados relacionados con actividades que el proyecto legislativo busca regular.

La moratoria de diez años restringiría nuevos establecimientos

Una de las modificaciones más contundentes se encuentra en el artículo 191, el cual establece una moratoria de diez años para la instalación de nuevos negocios de juegos de azar.

Esto implicará que, durante ese periodo, se limitará la entrada de nuevos participantes al mercado, mientras que continuarán operando los establecimientos que ya cuenten con las autorizaciones necesarias.

La moratoria no existía en el proyecto original aprobado por el Senado y fue añadida más tarde durante el proceso legislativo.

Su implementación cambiará significativamente las oportunidades para nuevos actores en el mercado de juegos de azar durante la próxima década.

Modificaciones en la renovación de licencias

El proyecto también altera las condiciones de renovación de licencias para ciertas empresas.

El artículo 22 establece que la tasa para la renovación será menor que la tasa aplicada para la instalación inicial del establecimiento.

Además, se permitirá la continuidad de operaciones si el titular solicita la renovación dentro del plazo establecido, incluso si hay retrasos administrativos en la respuesta de las autoridades.

En la práctica, esto permitirá que un establecimiento siga funcionando mientras completa el proceso de renovación, siempre que el operador haya cumplido con su solicitud a tiempo.

Las bancas deportivas tendrían licencias de hasta diez años

Los artículos 87 y 89 también traen cambios en las condiciones operativas de las bancas deportivas.

El proyecto extiende la duración de sus licencias de cinco a diez años.

Asimismo, incrementa de diez a quince la cantidad de máquinas tragamonedas permitidas en estos lugares y autoriza la venta de juegos electrónicos y virtuales.

Estas medidas representan una expansión de las posibilidades operativas de las bancas deportivas en comparación con las condiciones anteriores.

Reducción de impuestos para loterías electrónicas

Otro cambio económico significativo aparece en el artículo 129.

Esta disposición reduce del 5 % al 2.5 % la tasa impositiva que se aplica a los juegos no acumulativos de las loterías electrónicas.

También se elimina un impuesto adicional del 1 % sobre las ventas brutas, que estaba considerado en la versión previamente aprobada por el Senado.

Si se aprueban estas modificaciones, reducirían algunas cargas tributarias para los operadores de loterías electrónicas.

Una legislación que redefine el negocio

Las modificaciones introducidas abordan aspectos fundamentales del funcionamiento del sector de los juegos de azar: entrada de nuevos establecimientos, duración y renovación de licencias, cantidad de máquinas tragamonedas permitidas, comercialización de juegos electrónicos y virtuales, y carga impositiva.

Juntas, estas medidas redefinen las condiciones económicas y operativas bajo las cuales competirán las empresas actualmente presentes en el mercado.

Es en este contexto que se vuelve relevante la presencia en el Congreso Nacional de legisladores con intereses relacionados con los negocios regulados por esta iniciativa.

La existencia de esos intereses no permite concluir de manera automática que los congresistas han promovido las modificaciones ni que han tomado acciones para beneficiar a empresas específicas. Determinar una posible participación directa requeriría identificar, entre otros elementos, qué legisladores formaron parte de las discusiones, comisiones, informes, propuestas de modificación y votaciones sobre cada disposición.

Cuestionamientos al proyecto

La Asociación Nacional de Bancas Deportivas (ASONABADE) ha criticado las modificaciones durante el proceso legislativo, argumentando que se han alterado aspectos importantes respecto a la propuesta original.

Entre los puntos cuestionados están las disposiciones que afectan el funcionamiento y las condiciones económicas de diferentes segmentos del negocio de los juegos de azar.

Además, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción ha instado al presidente Luis Abinader a vetar esta iniciativa, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de una expansión de los juegos de azar y la ludopatía, especialmente en sectores vulnerables económicamente.

Este proyecto ha suscitado un debate que va más allá de la regulación de las apuestas, abarcando temas relacionados con la competencia económica, la tributación, la salud pública y los posibles conflictos de interés.

A medida que avanza el proceso legislativo, uno de los aspectos que se deberá observar es el grado de participación que han tenido o podrán tener en las decisiones relacionadas con el proyecto aquellos congresistas que tienen intereses económicos declarados dentro del sector que se busca regular.

creditos de las imagenes de este post: Deultimominuto.net