Participación Ciudadana califica nuevamente de “lento proceso” los juicios por corrupción.

Santo Domingo.- El movimiento Participación Ciudadana (PC) afirmó este domingo que los importantes casos de corrupción administrativa en los tribunales siguen un proceso lento, especialmente por los incidentes presentados por los acusados, lo que obliga a los jueces a posponer las audiencias.

La lentitud ha sido reconocida por el propio sistema judicial, que decidió excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar congestionar aún más estos tribunales, indicó la entidad en un comunicado.

“Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien lo preside, Tania Yunes y Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Adán Cáceres y otros 50 casos, incluyendo la quiebra de la Financiera Oriental”, señaló Participación Ciudadana.

Por su parte, el segundo tribunal colegiado está formado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros.

Este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y otros, Jean Alain Rodríguez y más, además de muchos otros casos, como el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.

La ONG saludó la decisión del Poder Judicial de excluir a esos dos tribunales del apoderamiento de nuevos casos.

“La decisión se toma entendiendo que los casos complejos requieren jornadas extendidas de audiencia debido a la multiplicidad de imputados y la cantidad de pruebas, lo que limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana”, dijo el comunicado.

En octubre de 2023, Participación Ciudadana solicitó medidas como la adoptada ahora, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina.

“Consideramos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, especialmente los complejos, estén en manos de jueces con el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, permitiendo gestionar los casos en plazos razonables y eliminando así la percepción ciudadana de que quienes disponen de grandes recursos pueden evadir la justicia, incluso en los peores crímenes”, destacó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

“Sin embargo”, continuó el comunicado, “aunque la medida ha tomado tiempo en implementarse, es positivo que el Poder Judicial comience a tomar decisiones que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad”.

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