Lisboa.- El Gobierno de Portugal ha implementado una significativa reforma en el mercado de alquiler, destinada a incrementar la oferta de viviendas y restaurar la confianza de los propietarios. Esta iniciativa incluye la creación de un Fondo de Emergencia para la Vivienda, que proporcionará apoyo a familias en situaciones vulnerables.
Las medidas fueron aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer y fueron detalladas este viernes, presentándose como dos pilares de una estrategia conjunta: liberalizar el mercado del alquiler para aumentar la oferta de viviendas y, al mismo tiempo, reforzar la protección social para quienes puedan enfrentar la pérdida de su hogar.
El Gobierno no especificó la cuantía inicial del nuevo fondo ni cuándo comenzarán a otorgarse las ayudas. En febrero de 2025, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, había estimado que el presupuesto del fondo de emergencia habitacional sería de aproximadamente 100 millones de euros, aunque no se ha aclarado si esta cifra se mantiene para el nuevo instrumento aprobado.
La reforma del régimen de arrendamiento urbano tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de viviendas en alquiler a través de una mayor libertad contractual entre propietarios e inquilinos. Según el Gobierno, más de 250.000 viviendas se encuentran vacías, ya que la inseguridad jurídica desincentiva a muchos propietarios a ponerlas en el mercado. Portugal cuenta con alrededor de un millón de viviendas en alquiler, muchas de ellas bajo contratos antiguos con rentas reducidas.
Agilización de los desahucios por impago del alquiler
Entre las novedades más importantes se encuentra la eliminación de las limitaciones para actualizar las rentas entre contratos, la flexibilización de las condiciones sobre fianzas y pagos anticipados, y la simplificación de las comunicaciones entre arrendadores e inquilinos. Se acelerarán los procedimientos de desahucio y resolución de litigios.
Además, la propuesta permitirá a los propietarios oponerse a la primera renovación automática de un contrato, y reducirá el período de impago necesario para iniciar un procedimiento de desahucio de tres a dos meses, facilitando la rescisión del contrato en casos de retrasos reiterados en el pago del alquiler.
No obstante, el Ejecutivo asegura que la reforma incluye mecanismos específicos de protección para personas mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares económicamente vulnerables.
Como contrapeso a la liberalización del mercado, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo de Emergencia para la Vivienda, destinado a financiar el realojamiento de personas y familias que pierdan su hogar por razones económicas o situaciones de violencia doméstica.
El fondo proporcionará ayudas directas no reembolsables para facilitar un alojamiento temporal o permanente y busca garantizar una respuesta inmediata ante emergencias habitacionales.
Según el Gobierno, este mecanismo hará que sea el Estado, y no los propietarios, quien asuma el coste social de estas situaciones extraordinarias, protegiendo a los colectivos más vulnerables sin comprometer el funcionamiento del mercado del alquiler.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y políticos en Portugal. Los alquileres de los nuevos contratos casi se han duplicado desde 2017, mientras que el incremento de los precios de compra y arrendamiento, especialmente en Lisboa y Oporto, ha dificultado el acceso a una vivienda para un número creciente de la población.
La reforma ahora deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento, donde el Ejecutivo de centroderecha, que gobierna en minoría, necesitará el apoyo de al menos uno de los principales partidos de oposición para avanzar con el proyecto de ley.
La reforma llega en un momento en que Portugal está enfrentando una de las crisis más severas de acceso a la vivienda en Europa. Según el Gobierno, alrededor de 250.000 viviendas permanecen vacías porque muchos propietarios prefieren no alquilarlas debido a la inseguridad jurídica, mientras que el país cuenta con cerca de un millón de viviendas arrendadas, muchas sujetas a contratos antiguos con rentas reducidas.
Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la vivienda se ha acelerado en los últimos años. Los alquileres de nuevos contratos casi se han duplicado desde 2017, y el precio de la vivienda experimentó un incremento anual del 17,8 % en el primer trimestre de 2026, el mayor aumento registrado en la Unión Europea.
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