Política
ProCompetencia inicia cinco investigaciones en 2025 sobre presuntas prácticas anticompetitivas involucrando a 16 empresas.
La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia inicia nueva investigación
La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha comenzado una investigación de oficio debido a posibles prácticas de colusión en adquisiciones públicas (artículo 5, literal “b” de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia). Las empresas investigadas son Indermerica, S.R.L.; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino, bajo sospecha de coordinar sus ofertas y participar en prácticas anticompetitivas en un proceso del Programa de Alimentación Escolar del INABIE.
La resolución No. RII-DE-AAC-005-2025 detalla que hubo patrones recurrentes en la documentación de la licitación que sugieren colusión entre los participantes, incluyendo conexiones societarias, uso de los mismos números telefónicos en registros públicos, y la obtención de cartas de referencia bancaria consecutivas y fechadas al mismo tiempo.
Se encontraron también similitudes en la redacción y ortografía en los formularios, el tipo y tamaño de letra en los montos de las ofertas, así como el uso de la misma empresa de fumigación, apuntando a una posible coordinación para alterar los resultados del proceso de contratación.
“De la documentación recolectada, la Dirección Ejecutiva ha identificado indicios de un comportamiento sistemático, sugiriendo que los investigados no actuaron como competidores independientes, sino como un grupo coordinado durante el proceso marcado con el número INABIE-CCC-LPN-2023-0049”, señala la resolución.
Pro-Competencia aclara que esta resolución no implica culpabilidad, sino que facilita la etapa investigativa para verificar los elementos disponibles y asegurar el derecho de defensa de los investigados, quienes son considerados inocentes hasta que haya una decisión final.
Con este proceso, son cinco las investigaciones iniciadas este año por Pro-Competencia, involucrando a 16 agentes económicos.
Gravedad de la práctica
La colusión es una práctica anticompetitiva donde empresas acuerdan no competir en procedimientos de contratación estatal, constituyendo una infracción grave al libre mercado.
La Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 califica expresamente la colusión como anticompetitiva. El artículo 5, literal “b”, prohíbe conductas que “concertan o coordinan ofertas” en licitaciones, pudiendo ser sancionadas con multas según el artículo 61 de la ley.
Estas prácticas distorsionan el mercado, elevan precios y reducen eficiencia y transparencia, afectando el bienestar de los ciudadanos. Fortalecer los mecanismos de detección y penalización promueve un entorno competitivo que garantiza igualdad de condiciones en los procesos licitatorios.
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