Imputados utilizaron recaudaciones políticas como excusa para obtener fondos destinados a adquirir propiedades e inversiones con empresas de carpeta
La Operación Cobra desmanteló un entramado de corrupción administrativa que captó miles de millones de pesos, perjudicando los servicios sanitarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las evidencias muestran que algunos imputados usaron sobornos bajo el pretexto de recaudaciones políticas para beneficio personal, adquiriendo propiedades y creando empresas de carpeta para administrar bienes e inversiones actualmente investigadas.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El miércoles, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó a los periodistas que, con los imputados, el Ministerio Público empieza a aplicar las disposiciones de la recién promulgada Ley núm. 97-25, que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, dijo Reynoso.
“Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos”, indicó.
Dijo que también hay múltiples centros de salud bajo investigación. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”.
Explicó que, debido a la amplitud de la investigación, el Ministerio Público decidió judicializar el caso en partes separadas para que los tribunales puedan conocer el proceso con mayor facilidad.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia. Este es un caso de altísima prioridad para el Ministerio Público”, manifestó.
“Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplares, sino también para que el Estado decomise y se restituya cada peso”, expresó Yeni Berenice.
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