Economía
Suprema Corte de Justicia emite otro fallo en contra de la Cámara de Cuentas.
Santo Domingo. – La Suprema Corte de Justicia ha emitido un fallo en contra de la Cámara de Cuentas, relacionado con el recurso de casación presentado por Inteligencia Legal, SRL. Este recurso surge de una sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo que había rechazado la demanda de la firma de abogados, referente al cobro de la penalidad acordada en el contrato de servicios firmado con el órgano fiscalizador en febrero de 2021, el cual intentó ser anulado durante la gestión de Janel Ramírez y Mario Fernández, proceso que también fue perdido por la Cámara de Cuentas.
El alto tribunal judicial dictó sentencia núm. SCJ-TS-25-2495, el 31 de julio de 2025, determinando que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, al rechazar la demanda de Inteligencia Legal, SRL, incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos al asumir que el objeto del proceso era el cobro de honorarios, lo cual no era el caso.
La Corte sostuvo que el verdadero objetivo de la demanda era el cobro de la penalidad acordada en el contrato, que ascendía a 9 millones de pesos, si la Cámara de Cuentas terminaba el contrato antes de que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia decidieran sobre las acciones que fueron sometidas a requerimiento de dicho órgano por los abogados Julio Cury, Eduardo Jorge Prats, Danay Mercado y Francisco Franco.
La Suprema Corte de Justicia remarcó que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo distorsionó el contexto fáctico al interpretar que “el objeto de la demanda era el incumplimiento de la obligación de pago de honorarios por servicios legales, cuando en realidad se fundamentó en el incumplimiento del plazo convenido y la revocación unilateral del contrato, sin que se verificara la existencia de una falta grave que eximiera a la Cámara de Cuentas de su responsabilidad de pagar a Inteligencia Legal, SRL, los 9 millones de pesos establecidos en la cláusula penal. En consecuencia, la decisión impugnada incurre en el vicio de desnaturalización de los hechos, al interpretar erróneamente las pretensiones de la demanda en responsabilidad patrimonial”, destaca la sentencia del máximo tribunal de justicia.
Con la anulación de la sentencia motivo de la casación, la demanda será ahora resuelta por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por la jueza Luisa del Carmen Canaán P.
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