Testigo clave del Jet Set advierte sobre el colapso.

El testigo proporcionó pruebas que podrían comprometer tanto civil como penalmente a los dueños del establecimiento.

Santo Domingo.- El Ministerio Público interrogó a Gregory Adamés, testigo fundamental y víctima de la tragedia de la discoteca Jet Set, quien afirma haber advertido que el techo del local presentaba signos de colapso y que no era seguro llevar a cabo la fiesta programada para la noche de la tragedia.

Adamés, quien trabajaba en la discoteca y se encargaba de la logística y reservas para eventos, se presentó en la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Fue recibido por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho.

Durante el interrogatorio, Adamés también formalizó una querella con constitución en actor civil en contra de Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y las empresas Inversiones E y L y Club Jet Set.

Entre las evidencias presentadas se incluye un teléfono móvil que contiene videos y conversaciones con Antonio Espaillat. A pesar de estas advertencias, Espaillat habría ordenado que el evento prosiguiera como estaba programado.

La fiesta fue amenizada por Rubby Pérez, quien perdió la vida durante el derrumbe, junto con más de dos centenares de personas. Adamés, uno de los sobrevivientes, también resultó herido junto a alrededor de 180 personas más.

Aumentan las acciones legales

Las acciones legales contra los propietarios de Jet Set siguen en aumento. Este martes, la Fiscalía del Distrito Nacional registró un total de 68 querellas y denuncias relacionadas con el caso. Algunas de ellas también implican al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional por presunta negligencia en sus responsabilidades de supervisión y control estructural del local.

Los denunciantes argumentan que existían problemas estructurales previos y afirman que la colocación de equipo pesado en el techo fue un factor determinante en el colapso.

Asimismo, varios actores del proceso insisten en que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar acción penal directa contra Antonio Espaillat, comenzando por su interrogatorio. Critican que hasta la fecha no ha sido citado ni investigado, lo que consideran una falta grave que podría comprometer la credibilidad del sistema de justicia.

Los cargos planteados incluyen homicidio involuntario, negligencia y violaciones a normativas de seguridad en locales públicos. La presión social y jurídica para que se aclaren los hechos y se asignen responsabilidades continúa en aumento.

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