Venezolanos y haitianos solicitan a juez estadounidense detener la orden de Trump de finalizar el TPS

En Los Ángeles, EE.UU., el 24 de marzo, los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití hicieron una petición a un magistrado federal en California para pausar el mandato de la administración actual que termina el respaldo migratorio en los meses venideros, exponiéndolos a la deportación.

En una sesión efectuada en un tribunal de San Francisco, California, los demandantes pidieron al juzgado que detenga la directriz de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), de concluir las protecciones para aproximadamente 350,000 venezolanos y cerca de 500,000 haitianos amparados por el TPS, mientras continúa el proceso judicial.

La acción legal sostiene que la terminación del TPS para los migrantes de estas dos naciones tiene motivaciones de “racismo” y argumenta que la secretaria Noem no tiene la competencia para ello, ya que la administración de Joe Biden (2021-2025) había previamente otorgado una prórroga de 18 meses al programa.

La principal demandante en este caso es la Alianza Nacional del TPS, que se compone de decenas de miles de beneficiarios del TPS y diversas organizaciones.

“La revocación del TPS para las comunidades de Venezuela y Haití no solo es ilegítima, sino también enormemente dañina para las familias que han buscado asilo de peligros inconcebibles”, mencionó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS, en un comunicado.

Este litigio tiene como fin salvaguardar a más de un millón de titulares del TPS de Haití y Venezuela. “Me quedé atónito y destrozado al enterarme que nos quitarían el TPS en solo una semana. El TPS nos ha brindado seguridad. No es posible volver a Venezuela con garantías de seguridad”, expresó un querellante venezolano identificado como E.R., quien perdería su protección el 2 de abril venidero si el tribunal no actúa.

La Alianza TPS fue establecida tras el primer intento de Trump en 2018 de terminar esta protección para al menos seis naciones, intento que fue bloqueado en un tribunal federal.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California, Los Ángeles y la Alianza Puente Haitiana.

Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, subrayó que la secretaria Noem “no posee la autoridad para eliminar las protecciones del TPS ni para comprometer la validez de un programa legalmente autorizado”.

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