Venezuela clasifica sanciones de EE.UU. contra 16 funcionarios como “nuevo crimen de agresión”

El Ejecutivo de Venezuela ha declarado las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a 16 de sus funcionarios —incluidos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento—, por proclamar indebidamente a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones de julio, como un “nuevo delito de agresión”.

Mediante una nota de prensa, Venezuela expresó su contundente rechazo a estos “actos de agresión por parte de Estados Unidos contra el país, mediante la aplicación de medidas unilaterales coercitivas, ilegítimas e ilegales contra varios funcionarios gubernamentales”.

Algunos de los sancionados son Caryslia Rodríguez, presidente del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), todos vinculados al oficialismo.

Desde la perspectiva del gobierno venezolano, estas acciones de Estados Unidos “reafirman su flagrante desdén por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática del pueblo venezolano”.

Además, el gobierno criticó duramente a Estados Unidos, calificándolo de “la fuerza más hostil y mortífera en la historia de la humanidad, culpable de millones de muertes globales, aliada con genocidas y con un historial de negligencia hacia las necesidades de su propia gente”.

Describiendo las sanciones como “mal etiquetadas” y una promoción de la “extrema derecha fascista”, el gobierno sugiere que estas acciones violan acuerdos, aparentemente refiriéndose a los firmados en Catar, desestimando cualquier avance en las relaciones entre los dos países.

Venezuela sostiene que estas medidas fracasarán y que el país superará este desafío con dignidad, continuando sus avances.

Para el gobierno venezolano, este ataque hacia sus funcionarios, que defienden la soberanía y paz del país diariamente, solo refuerza su resolución y merece el reconocimiento de sus ciudadanos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a individuos cercanos a Maduro, incluyendo a los jueces Fanny Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Hidalgo, y el fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien persiguió legalmente a Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), visto por EE.UU. como el legítimo ganador electoral. También han sido sancionados Antonio José Meneses, secretario general del CNE; Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operativo de la FANB; y Elio Estrada, comandante de la GNB, acusados de suprimir a la población.

Estas sanciones conllevan el bloqueo de todos los bienes y activos personales en Estados Unidos y prohíben cualquier transacción financiera con ellos.

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