Ocho naciones de Latinoamérica dicen no

Buenos Aires.- Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron este viernes su rechazo a «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» en Bolivia, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace diez días, que han llevado al desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales.

«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025», afirmó un comunicado conjunto de los ocho países, divulgado por la Cancillería argentina.

La declaración regional se produjo en medio de un aumento de las protestas promovidas por sectores campesinos y sindicales que mantienen carreteras bloqueadas, principalmente en el departamento de La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

Según las autoridades bolivianas, estas protestas han provocado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, resultando en al menos tres fallecimientos debido a la falta de asistencia médica adecuada.

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú manifestaron su «preocupación» ante la situación y reiteraron su «solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano».

«Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, indicó el comunicado.

La posición del Gobierno de Bolivia

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten “destrozar” la democracia “se van a ir a la cárcel” y sostuvo que las protestas son parte de un intento de desestabilización contra su Gobierno.

El mandatario también cuestionó a sectores vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos seguidores marchan hacia La Paz para exigir su renuncia, mientras el exgobernante rechazó las acusaciones oficiales de financiar las movilizaciones sociales.

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