Bajo el nuevo Código Penal, la corrupción administrativa será castigada con penas de hasta 10 años.

Santo Domingo.– La corrupción administrativa será castigada con mayor severidad en la República Dominicana gracias a la aprobación del nuevo Código Penal, que incluye penas de hasta 10 años de prisión mayor y multas significativas para los funcionarios públicos que autoricen pagos indebidos en contratos estatales.

Esto se establece en el artículo 306 del nuevo cuerpo legal, que sanciona particularmente a los servidores públicos que, a sabiendas de irregularidades o incumplimientos sustanciales, consientan o faciliten pagos por obras, bienes o servicios no entregados adecuadamente. La disposición también extiende la responsabilidad penal al contratista privado que se beneficie de la transacción con conocimiento de que se violaron requisitos legales.

“Es una herramienta fuerte sobre la gestión pública, que busca atacar uno de los puntos más críticos de la corrupción: el uso indebido de fondos en la ejecución de contratos”, explicó el abogado penalista Francisco Álvarez. “Sin embargo, también genera un desafío interpretativo que podría llevar a consecuencias no deseadas si no se aplica con criterio técnico”, advirtió.

El experto señaló que, aunque el propósito es cerrar las grietas por donde históricamente se han desviado recursos estatales, existe el riesgo de que la medida genere un efecto de “burocracia defensiva”, donde los funcionarios eviten autorizar pagos o ejecutar obras por temor a ser inculpados penalmente.

“El término ‘incumplimiento sustancial’ es jurídicamente abierto y requiere una definición clara en la jurisprudencia para evitar que se confunda con simples deficiencias administrativas o retrasos operativos”, sostuvo Álvarez. “De lo contrario, se podría terminar criminalizando gestiones de buena fe o decisiones técnicas sujetas a interpretación”.

El nuevo Código también penaliza la tramitación de contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales (artículo 290) y establece un sistema de sanciones escalonadas en los artículos 284 y 285, que penalizan los delitos de corrupción según el monto del beneficio económico obtenido. Esta estructura busca responder de manera más proporcional y eficaz frente a los distintos niveles de daño al patrimonio público.

Además, se incluye la figura de la coautoría penal para particulares, lo que implica que empresarios, contratistas y gestores involucrados en actos irregulares también podrán enfrentar consecuencias penales directas.

Francisco Álvarez destacó que estas reformas reflejan un endurecimiento del marco jurídico contra la corrupción, pero advirtió que su implementación exigirá capacitación técnica, mayor rigurosidad documental y reformas administrativas que apoyen la seguridad jurídica de los funcionarios honestos.

“El miedo al error o al juicio posterior no puede paralizar la administración pública. Para que esta ley funcione, se necesita una cultura institucional donde se combata la corrupción sin frenar la gestión”, concluyó.

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