Delcy sugiere cerrar la temida cárcel de El Helicoide.

El Helicoide -una estructura en Caracas de la década de 1950 que hoy se utiliza como lugar de detención de presos políticos- se transformará en “un centro social, deportivo, cultural y comercial”, afirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien presentó la propuesta tras los recientes anuncios de excarcelaciones.

Inicialmente concebida como un centro comercial, esta instalación ha captado nuevamente la atención después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara el cierre de un centro de “torturas” en la capital venezolana.

En este edificio inconcluso -catalogado como un “proyecto de vanguardia” por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros cuerpos, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

El Helicoide es un lugar donde organismos de la ONU han denunciado la existencia de “salas de tortura” y donde varios detenidos han muerto bajo custodia, incluido el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.

A continuación, algunas claves sobre este lugar:

Derechos Humanos

La palabra “Helicoide” ha incrementado su presencia en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga las presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.

En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra aparece solo dos veces, en contraste con cerca de 60 menciones en el de 2024, año en que se desencadenó una crisis que incluyó protestas antigubernamentales y denuncias de “represión” tras acusaciones de fraude electoral en las elecciones que favorecieron a Nicolás Maduro.

En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han empleado “la tortura y malos tratos” como métodos para “generar y perpetuar” un “clima de temor” en la sociedad civil venezolana.

Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el “impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, particularmente el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide”.

Muertes

En octubre de 2018, el opositor Fernando Albán falleció en El Helicoide, donde estaba detenido por su supuesta implicación en un atentado con drones contra Maduro.

Su familia “no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cuerpo, a pesar de las numerosas solicitudes”, indicó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

Las autoridades informaron entonces que se trató de un suicidio, aunque las pruebas forenses “suscitan dudas sobre esa conclusión”, acentuó la misión.

Diversos políticos y ONG denunciaron que en realidad fue un asesinato, exigiendo la investigación del caso, que actualmente se considera “impune” porque, aunque dos funcionarios del Sebin fueron condenados, posteriormente se les redujo la pena.

Por otro lado, la misión también investigó la muerte del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció supuestamente por covid el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide. Su hija, Andreína Baduel, sostiene que su padre -acusado de corrupción- estuvo detenido injustamente y pide justicia.

Amnistía

Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, anunció el pasado viernes su decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia de 1999 hasta la fecha”.

En 1999 comenzó la etapa conocida como el chavismo, con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien gobernó hasta su muerte en 2013 y fue sucedido por Maduro.

Durante el acto de apertura del año judicial, Rodríguez solicitó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz que presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en las “próximas horas”, así como la “máxima colaboración” del Legislativo para su aprobación.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas dejadas por la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió la mandataria encargada.

Varias ONG de Venezuela han aclarado que la propuesta de amnistía no implica un “perdón”. Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha advertido que “estas personas fueron encarceladas arbitrariamente”.

La última ley de amnistía promulgada en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando Chávez absolvió a personas implicadas en el intento de golpe de Estado en su contra en 2002.

Excarcelaciones

El 8 de enero pasado, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros, -sin especificar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la excarcelación de 302 personas desde el 8 de enero. Según el conteo de esa ONG, actualmente hay 711 presos políticos en el país.

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